Los alarmantes índices de morosidad que se registran a escala nacional, combinados con la desregulación de las herramientas crediticias de consumo, han impulsado un profundo debate estructural en el seno de la Legislatura de Mendoza. Frente a un universo que supera los 7 millones de argentinos actualmente marginados del circuito bancario formal y con tasas de morosidad que rozan el 40% en los entornos de las billeteras virtuales, ingresó un proyecto de ley para dar respuestas institucionales a los sectores más vulnerables de la provincia.
La iniciativa promueve el despliegue de una red de oficinas de rescate financiero montada sobre las estructuras departamentales de Defensa del Consumidor, orientada a forzar instancias de conciliación con las entidades bancarias y sanear carteras de deuda que se presumen viles e irrecuperables. Dugar Chappel, senador provincial (Partido Verde) y autor del proyecto de ley, detalló las causales de la «bola de nieve» de carácter usurario, cuestionó el incremento de los topes de afectación salarial sobre la planta estatal y fundamentó la imperiosa necesidad de intervención por parte del Estado.
Responsabilidad concurrente y el desarme de las normativas de protección al usuario
El proyecto de ley postula que la actual proliferación de pasivos monstruosos e impagables responde a una paulatina remoción de los marcos jurídicos que históricamente regulaban y blindaban el margen operativo de los consumidores. «La cuestión es sumamente preocupante; los niveles de endeudamiento familiar están creciendo día a día y es un fenómeno que se sobrealimenta cotidianamente, agrandando la magnitud del problema de manera exponencial. Tenemos que recordar que aquí existe una responsabilidad compartida: el Estado tiene la obligación ineludible de arreglar lo que el propio Estado provocó. Toda esta situación fue desencadenada justamente por haber dejado a los usuarios y consumidores del sistema financiero sin la debida protección jurídica de la que habían gozado durante mucho tiempo», declaró Dugar Chappel en diálogo con FM Vos 94.5.
«Cuando asumió la actual administración nacional, mediante el primer decreto de necesidad y urgencia se derogaron alrededor de diez artículos clave de la Ley de Tarjetas de Crédito; el 100% de esos apartados eliminados constituían herramientas explícitas de protección para el cliente de los bancos frente a posibles abusos institucionales. Esa desregulación es la responsable directa de lo que vemos hoy. Continuamente nos llegan pedidos de auxilio de ciudadanos en forma individual: hace pocos días me contactó un trabajador que percibe un salario de un millón de pesos mensuales y su tarjeta de crédito lo ingresó a los registros del Veraz por una deuda consolidada de 25 millones de pesos. Resulta matemática y operativamente imposible que un banco le otorgue semejante nivel de apalancamiento a un asalariado con esos ingresos si no es a través de un sistema que les permite capitalizar intereses sobre intereses, refinanciaciones leoninas y una usura desmedida que genera deudas monstruosas», expuso con claridad.
Conciliación obligatoria y la revisión de los códigos de descuento en empleados públicos
La propuesta parlamentaria unifica herramientas del derecho de consumo con el ordenamiento administrativo provincial para frenar el ingreso de financieras usureras en los haberes de la administración pública. «Nuestra propuesta no apunta a expandir el gasto burocrático creando nuevas dependencias, sino a refuncionalizar y dotar de competencias específicas a las oficinas departamentales de Defensa del Consumidor que ya existen en todos los municipios de Mendoza y que hoy operan con un nivel de actividad moderado. El objetivo es que el Estado aplique las facultades que le confiere la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional para convocar a audiencias conciliatorias obligatorias con las entidades financieras. En esas mesas se exigirá la eliminación completa de los intereses usurarios acumulados para que ese usuario pueda regularizar su situación y reingresar al sistema formal, algo que de otra manera jamás va a suceder», explicó el senador.
«El fenómeno del sobreendeudamiento de los empleados públicos mendocinos se generó por la excesiva permisibilidad que el gobierno provincial le fue otorgando de forma progresiva a las empresas financieras no bancarias a través de los códigos de descuento directo en los bonos de sueldo. Históricamente existía, con muy buen criterio, un límite estricto del 20% de afectación máxima del salario. Sin embargo, sucesivas decisiones gubernamentales lo elevaron al 30%, luego al 40% y finalmente al 50%, respondiendo muchas veces al pedido de intermediarios influyentes. Hoy nos encontramos con empleados estatales que a fin de mes no perciben un solo peso de bolsillo porque tienen su haber íntegramente retenido por financieras de alto riesgo que aplican tasas usurarias. Al quedarse sin sueldo, el trabajador deja de pagar las tarjetas, incumple sus compromisos básicos y queda expulsado del sistema productivo», amplió.
Fallas del propio engranaje bancario y la agenda del receso parlamentario
Más adelante, el legislador advirtió que las deudas acumuladas se han vuelto activos irrecuperables que erosionan la solidez del sistema financiero general y adelanta el debate legislativo post-receso. «Fijar un tope infranqueable del 30% a los códigos de descuento sobre los haberes estatales ataca el problema por los dos frentes que corresponden a la competencia de esta Legislatura: la protección jurídica del salario del trabajador y la aplicación rigurosa de las leyes de consumo. Sabemos que el oficialismo provincial suele mostrar resistencia a debatir estas propuestas por el simple hecho de provenir de una fuerza opositora como el Partido Verde, pero les cedemos la idea con total generosidad para que la ejecuten, porque indefectiblemente el Estado va a tener que intervenir en el corto plazo. La bola de nieve que se autogenera va a llegar a un límite insospechado y de extrema gravedad social», alertó.
«El ingreso de los registros de riesgo crediticio de las billeteras virtuales al Banco Central aceleró de forma dramática la exclusión de los sectores informales. Un usuario incurre en mora en una aplicación como Mercado Pago y de forma automática queda inhabilitado para recibir asistencia financiera de cualquier banco tradicional. Hemos atravesado tres o cuatro crisis profundas en nuestra historia contemporánea, pero jamás se había registrado una exclusión financiera masiva de la magnitud y características de la que evidenciamos en la actualidad», consideró.
«El proyecto de ley acaba de ser formalmente ingresado a las comisiones del Senado provincial; debido a que nos encontramos transcurriendo el receso parlamentario invernal, aún no ha tomado estado parlamentario formal, por lo que resulta sumamente valioso que los medios de comunicación regionales difundan la iniciativa para que su tratamiento se convierta en una prioridad impostergable una vez que se reanude la actividad en los recintos de la Legislatura», dijo Dugar Chappel al concluir la entrevista.
