La liturgia del poder en la Argentina suele atravesar una metamorfosis previsible: el funcionario que llega para oxigenar las instituciones termina, más temprano que tarde, mimetizado con los vicios que juró combatir. Esa mutación se hace obscena cuando el ropaje de la transparencia se desgarra para dejar al descubierto la vieja piel de la corruptela y la soberbia.
El ya a esta altura del partido inefable Manuel Adorni, quien supo construir un personaje de ironía gélida y ademanes de profesor imperturbable desde el atril de la vocería presidencial, ha regresado al centro de la escena no para informar, sino para defenderse. Pero en ese retorno, la máscara del tecnócrata ha caído, revelando la fisonomía de un hombre que desprecia el escrutinio de aquellos a quienes considera inferiores por el solo hecho de ejercer el oficio de preguntar.
El estilo despectivo que caracterizó sus intervenciones iniciales ha escalado hacia una arrogancia institucionalizada. Al calificar a un trabajador de prensa como «apenas un periodista», Adorni no solo intentó anular la validez de una consulta sobre su llamativo incremento patrimonial, sino que ejecutó una maniobra de casta en su estado puro: la degradación del otro como mecanismo de blindaje. Esta arquitectura del desprecio es la respuesta espasmódica de quien, rodeado por un temporal informativo que lo tiene como protagonista incómodo, descubre que la dialéctica del «fin» ya no alcanza para tapar el ruido de los expedientes. El hombre que antes desarticulaba críticas con un silencio socarrón, hoy recurre al agravio personal para eludir una rendición de cuentas que es, ante todo, un deber republicano.
Esta genealogía de la hostilidad tiene su raíz en la cima misma del organigrama nacional. Es imposible disociar la suficiencia de Adorni de la sentencia fundacional de su jefe, Milei, quien supo lamentar que «no odiamos lo suficiente a los periodistas». En esa confesión de parte se encierra la verdadera naturaleza de un proyecto que percibe a la prensa libre como una anomalía a ser extirpada. La estrategia es tan cínica como eficaz: se rotula como «periodista militante» a cualquiera que se atreva a hurgar en las zonas oscuras de la gestión, mientras se cobija bajo el ala del poder a medios y -éstos sí- periodistas que integran el mismo equipo de intereses que hoy se presenta como una vanguardia impoluta.
Frente a estas expresiones que exudan un inconfundible olor a corrupción y autoritarismo, el periodismo debe reafirmar su condición de contrapeso. La labor de informar se vuelve un acto de resistencia cuando el interlocutor oficial decide que hay ciudadanos de primera, autorizados a poseer la verdad y a ser los destinatarios de un programa económico de exclusión, y ciudadanos de segunda -los excluidos- que no pueden quejarse ni de quedarse afuera del reparto ni exigir explicaciones.
Mientras en Buenos Aires se discute si un funcionario tiene derecho a hacer «lo que quiere» con su dinero —en medio de una crisis que asfixia a casi todos—, el vecino común, el que no puede hacer nada con su plata porque no la tiene, comprende que la supuesta estatura moral de los nuevos gobernantes era, apenas, un decorado de campaña. El naufragio ético de quienes se creían elegidos para una misión purificadora queda expuesto en cada gesto de desprecio hacia el cronista. No hay transparencia posible allí donde el funcionario se siente ofendido por la sola existencia de una pregunta. El periodismo, ese que Adorni intenta reducir a una expresión mínima, es el único espejo donde el poder todavía puede verse tal cual es: falible, cuestionable y, sobre todo, obligado a dar respuestas por sus acciones que, mal que les pese, son públicas.
