Los guarismos que muestra nuestro país en cuanto a cantidad de compatriotas sumidos en la pobreza y la indigencia son evidentes e imponen a nuestra dirigencia a plantear cuanto antes las medidas necesarias para atacar con fuerza ese flagelo, lacerante para el entramado social argentino.
Los especialistas en ciencias económicas, que a las frías cifras le incorporan la sensibilidad de la afectación y hasta el drama social que provoca un sistema económico que -en los hechos y durante décadas- ha excluido a más de un tercio de los administrados y desde hace un tiempo a más de la mitad de los argentinos, aseguran que la pobreza no es una fatalidad inexorable sino el resultado de una construcción histórica y social, y que el mayor o menor nivel que pueda alcanzar una sociedad casi siempre está más ligado a la calidad de las políticas gubernamentales y las actitudes y acciones de la misma sociedad, que a los caprichos del azar.
Son estos mismos autores quienes consideran una falacia el argumento de quienes pregonaron y pregonan las políticas de ajuste continuo sobre los sectores más vulnerables argumentando que de esa manera en algún momento llegarán los beneficios del denominado “derrame económico” que -como ya ha quedado demostrado en varias ocasiones- en nuestro país nunca se materializó.
Las discusiones filosóficas no van a reducir la pobreza, pero quizás en la riqueza de los aportes esté el inicio de la impostergable solución a uno de los más grandes y graves flagelos que atraviesa el tejido social argentino. En este sentido, pareciera ser urgente promover un cambio en nuestra sociedad a través de las instituciones democráticas, en las mentes de los ciudadanos y, sobre todo, en las decisiones de nuestros gobernantes –sean del partido político que sean- para poder avanzar en el largo pero imprescindible proceso de la inclusión social. Caso contrario, la Argentina seguirá siendo un país para pocos y donde los excluidos son casi siempre los mismos y cada vez más.
