El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comparó a la Asociación de Viñateros de Mendoza con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por haber recurrido a la Justicia para frenar una medida de desregulación del sector vitivinícola, y los acusó de intentar reinstalar mecanismos de control del mercado.
“Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño”, afirmó el funcionario en un extenso mensaje publicado en la red social X, al cuestionar la presentación judicial que busca restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que el Gobierno volvió opcional en el marco de su política de desregulación.
“El 45% de los productores que antes estaban obligados a hacerlo, luego no lo usaron. Por eso justamente lo hicimos opcional”, argumentó.
“Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir. Sabían que dirigencias más profesionales no permitirían los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino. Algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza”, publicó el funcionario nacional
Ante esta situación, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, tomó el guante y respondió.
«UNA FALTA DE RESPETO»
«Comparar a la vitivinicultura de Mendoza con la AFA y su presidente constituye una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros», afirmó Vargas Arizu.
El funcionario provincial remarcó que Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de 2000 marcas en el mercado internacional, y defendió la trayectoria histórica del sector como uno de los pilares de la economía regional y de la bebida nacional.
Vargas Arizu también recordó que el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno nacional contó con el acompañamiento de Mendoza. Según detalló, desde la Provincia se apoyó la eliminación de 972 normas que, a su entender, limitaban el desarrollo del sector y el funcionamiento del libre mercado.
«Una sola de estas normas, el CIU (obligatorio), respaldada por el Gobierno de la Provincia y por este Ministerio, solicitamos que continúe su curso habitual y normal. Sin embargo, la respuesta de su parte, siempre fue negativa», sostuvo.
El funcionario mendocino cerró pidiendo “coherencia” y apeló “a los resultados de las últimas elecciones donde nuestra provincia, en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54 % de los votos en favor del proyecto político del presidente», expresó.
«Lo invito a reflexionar sobre sus dichos, en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional», cerró Vargas Arizu.
