Suarez suspendió la reglamentación de la modificada 7.722

Brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno

La fuerte y multitudinaria reacción social que generaron la aprobación en la Legislatura provincial y la posterior promulgación de la ley 9.209, que modificada la 7.722, impidió al Ejecutivo avanzar en la reglamentación de la norma y que empezaran a desarrollarse emprendimientos megamineros en territorio mendocino. El Gobernador, en conferencia de prensa, dijo que “un político no solo tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. Es por esa legitimidad que he convocado a esta mesa de diálogo”. 

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, decidió suspender la reglamentación de la promulgada ley 9.209, por la que realizó modificaciones a la 7.722 para el desarrollo de la megaminería y la utilización de sustancias como cianuro o ácido sulfúrico, según el texto de la flamante normativa.
La fuerte y multitudinaria reacción social que generó la aprobación en Senadores (a favor 29, en contra 7, no votaron 2) y Diputados (a favor 36 y en contra 11, se abstuvo 1) y la posterior promulgación de la denominada “Ley Minera”, le impidió a Suarez avanzar en la reglamentación de la norma para que empezaran a desarrollarse los primeros emprendimientos megamineros en territorio mendocino, aunque la ley 9.209 continúa vigente y fue publicada en el Boletín Oficial.
En una conferencia de prensa que ofreció en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, el mandatario provincial –en primer lugar– hizo un llamado a la paz social y expresó que “es mi deber como gobernador”. “Es por ello que he llamado a una mesa de diálogo con todos los sectores de la sociedad civil y he decidido suspender la reglamentación de la ley 9.209”, añadió.
“Dijimos en campaña que Mendoza tiene un modelo económico que viene cayendo, con un 40% de los mendocinos debajo de la pobreza. Esto significa que hay personas que no comen y la están pasando mal”, admitió el Gobernador.
Suarez respaldó el desarrollo minero en la provincia y sostuvo que es una herramienta generadora de empleo. Asimismo, dijo que “hay que ejercerlo en los lugares con consenso social, con estrictos controles y entendiendo que si esta provincia no genera riquezas, nuestras generaciones futuras pueden pasarla mal”.
No escatimó en críticas a los férreos opositores a la promulgación de la ley y señaló que “es muy fácil inculcar el miedo en la sociedad, asustando a través de las redes sociales. Con esta convocatoria al diálogo queremos realizar un debate genuino”. E insistió: “Quiero que quede claro: lo que más quiero es cuidar el agua”.
“Un político no solo tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. Es por esa legitimidad que he convocado a esta mesa de diálogo. Le pido a la dirigencia mendocina y a los que se ocultan en las redes que hablen con la verdad. En ningún momento pensamos poner en riesgo el agua de los mendocinos”, añadió, en un claro mensaje a intendentes y legisladores –algunos de su propio espacio– que militaron el veto y la derogación de la ley.
“En ningún momento pensamos poner en riesgo el agua de Mendoza; el sentido es todo lo contrario, ya que estamos pensando en optimizar el uso de la misma a 15, 20 o 30 años, cuando tengamos todo el riego tecnificado, porque con el desarrollo minero tendremos los fondos para hacerlo”, siguió el Gobernador.
Suarez enfatizó que “no podemos permitir que los que mienten y los violentos ganen este debate. Con esta reforma, estoy cumpliendo una promesa de campaña. Ahora estoy cumpliendo otra promesa de campaña, que es escuchar y dialogar”.
Por último, el Gobernador dijo que “quiero transmitirles a todos los que cortan rutas y perjudican a los mendocinos que transitan diariamente por diversos motivos, que no les compliquen la vida al resto de la ciudadanía. Los invito a que vengan y debatan como corresponde, que acá los voy a escuchar”.
Las declaraciones de Suarez generaron un fuerte cimbronazo político y también repercutieron en quienes llevan adelante su lucha por la derogación de la normativa. “Es suspensión de la reglamentación, no derogación de la ley. Nuestra lucha sigue hasta volver a la original 7.722”, sostuvieron asambleístas y autoconvocados que se oponen al proyecto oficialista.

Por la fuerte presión social, ahora el PJ se despega y pidió la derogación
Tras haber respaldado la aprobación en la Legislatura de la modificación a la 7.722, el Frente de Todos Mendoza también dio marcha atrás con su postura y fue más allá de la del Gobierno, ya que pidió la derogación de la normativa.
“Cualquier otra instancia que no sea vinculante puede ser interpretada como una maniobra dilatoria. Desde un primer momento dijimos que íbamos a discutir la matriz productiva de Mendoza de forma responsable. Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7.722 enviadas por Rodolfo Suarez”, añadió el comunicado firmado por los intendentes y legisladores del PJ.

Unidos y en contra de la ley
El otro proyecto de disolución de la normativa aprobada por la Legislatura fue encabezado por el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial, Jorge Difonso, quien ha sido uno de los promotores de la oposición a la normativa, a pesar de conformar el frente Cambia Mendoza. Además, con el propósito de derogar la ley ya promulgada, se unieron Gustavo Majstruk (PJ), Cristina Pérez (PJ), Laura Soto (PJ), Mario Vadillo (Protectora) y Pablo Cairo (CM), quienes figuran como coautores del proyecto que ingresó a la Casa de Leyes.