Eduardo Latorre, miembro de la Inspección de cauce del río Diamante, expuso la creciente problemática social de bañarse en los canales, afectando no solo la seguridad, sino también la producción y la integridad física de quienes custodian el agua.
“Es un tema social el hecho de bañarse en los canales, ¿no?, que ancestralmente se hacía con respeto, fundamentalmente, pues, por los regantes, pero a medida que creció la densidad poblacional, nuestros canales que están, que estuvieron construidos y de toda su red de hijuelas y demás, absolutamente para afectarse al riego de la producción, hoy está invadida por ciudadanos que usan indiscriminadamente los cauces como si fueran propios y no son propios”, detalló con preocupación Eduardo Latorre, miembro de la Inspección Primera del río Diamante a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
“Cada cauce, cada hijuela, cada obra hidráulica tiene un destino que es llevar a los regantes el agua para su producción, y es por lo que paga cada regante, es decir, los cauces y el agua que contiene el cauce tiene propiedades de los regantes, y su uso no es para bañarse, además del riesgo, el peligro y las prohibiciones, el punto número uno son bienes propios a los que se los daña con esto”, agregó el inspector.
La conexión entre los cauces y la producción agrícola es crucial para comprender la gravedad de la situación. Latorre expuso que cada cauce tiene un propósito específico: llevar agua a los regantes para la producción. Este servicio no es gratuito; los regantes pagan por ello. Utilizar estos cauces con fines recreativos no solo representa un riesgo y una violación de las prohibiciones existentes, sino que también daña los bienes propios destinados a la producción.
“Mi inspección en particular tiene gente, tengo guardias permanentes por la tarde que están dedicados a la custodia del agua. Eso implica sacar tapones”, informó.
La necesidad de custodiar el agua ha llevado a la implementación de guardias permanentes en la Inspección de Latorre. La custodia incluye la tarea de retirar tapones que, según el inspector, son colocados por bañistas que se oponen activamente a la intervención en los cauces.
“La aplicación de esas leyes a través del Ministerio Público Fiscal, y como ente o como autoridad de aplicación está la Policía. Nosotros solicitamos el servicio de la Policía para que nos acompañe y custodie porque los bañistas que producen los tapones atacan al personal de servicio que tenemos en los canales, en las hijuelas, para que no desarmemos los tapones”.
La colaboración con las autoridades es esencial para hacer cumplir las leyes y proteger los recursos hídricos. Latorre destaca la intervención del Ministerio Público Fiscal y la Policía en este proceso. Sin embargo, la realidad es que la presencia policial no siempre es suficiente para disuadir a los bañistas, quienes, según el inspector, atacan al personal de servicio que busca desarmar los tapones.
“Esto atenta personalmente contra la integridad física de nuestros empleados y también con la Policía, que no tiene otra orden nada más que esa. No está la orden de evacuar en función de la prohibición, que es lo que constantemente vengo reclamando”, relató el inspector.
La seguridad de los empleados de la Inspección y de la Policía está en juego debido a la resistencia de los bañistas. Latorre subrayó la falta de una orden clara para evacuar a las personas en función de las prohibiciones existentes, un reclamo constante por parte de la Inspección que hasta ahora no ha sido atendido.
“Llevamos años en reuniones con jueces, fiscales y la policía de la provincia para que se apliquen las leyes que están vigentes. Las herramientas jurídicas están para que la gente sea evacuada”.
La lucha de la Inspección no es nueva. Latorre reveló que han pasado años en reuniones con autoridades judiciales y policiales, buscando la aplicación efectiva de las leyes existentes. Aunque las herramientas jurídicas están disponibles, la evacuación de las personas que violan las normativas sigue siendo un desafío persistente.
“Además, como decía anteriormente, el daño que se produce a la producción, está el riesgo de vida de las personas. Constantemente estamos recibiendo noticias de abogados en ríos y canales”.
“El tapón lo saca el personal y la Policía custodia para que no sea atacado. Son agredidos con hondas, con piedras, tanto mi personal como la policía. En los móviles han habido policías heridos y el personal de la inspección también”, lamentó.
El hecho de bañarse de esta manera “implica que algunos bañistas quieran mayor nivel de agua para, no sé, simular un lago” sostiene Latorre, quien agregó: “Invaden la calle con agua y justamente por la invasión de agua que destruye el asfalto. Es una serie de daños en cadena, el tema de bañarse”.
“El tema del acceso al refresco, a lugares o a predios donde la gente que no tiene acceso a clubes privados pueda tener un espacio de esparcimiento en la municipalidad, tienen en su carta orgánica los medios para hacer balnearios públicos. Tampoco se ejerce eso”.
Latorre propuso una solución alternativa al problema, sugiriendo el acceso controlado a lugares de esparcimiento en la municipalidad, con la posibilidad de establecer balnearios públicos. Sin embargo, lamentó que estas disposiciones existentes en la carta orgánica no se estén implementando de manera efectiva.
“Irrigación podría colaborar con el suministro de agua para esos lugares de esparcimiento, con su agua, que si viene de los regantes, puede tener un ingreso y una salida como para que retorne al cauce del riego. Todo eso se podría configurar, ver, analizar de manera tal que la población que no tiene acceso a clubes privados tenga organizado un sistema de recreación y refresco”, finalizó.
