Tensión política en San Rafael por el freno judicial a la Carta Orgánica: Sat, Ambrosini y Marcianesi defendieron sus posturas y saltaron «chispas»

La decisión de la Suprema Corte de frenar el avance de la Carta Orgánica en San Rafael abrió un escenario de máxima tensión entre el Ejecutivo, la Justicia y dirigentes locales. Cuestionan la oportunidad del fallo, denuncian irregularidades en el llamado a elección de autoridades y advierten sobre intereses políticos.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que suspendió el proceso de autonomía municipal en San Rafael no solo interrumpió el avance hacia la redacción de la Carta Orgánica, sino que detonó un conflicto de gran escala que combina aspectos jurídicos, institucionales y políticos. El tema, que ya venía generando debate, escaló en las últimas horas a partir de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral, el rol de la Junta Electoral, la intervención del Ejecutivo provincial y las verdaderas motivaciones detrás de la medida según oficialismo y oposición.

“La Suprema Corte ha emitido una resolución que propone suspender todo este proceso en San Rafael”, señalaron a modo disparador los conductores Ariel Sat y Alejandro Sosa en el programa “Todas las Voces” de Fm Vos 94.5 que se emite los sábados de 10 a 12.30, donde el tema fue abordado en profundidad por el senador provincial Mauricio Sat (PJ), el diputado provincial Franco Ambrosini (UCR) y el convencional electo Martín Marcianesi (Frente Libertario Demócrata), los tres de profesión abogado, por lo que el debate fue por demás interesante. La consecuencia inmediata, coincidieron, es que la situación queda “en un stand-by” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Sin embargo, rápidamente el eje del debate se trasladó a la oportunidad de la decisión, con cuestionamientos al momento en que intervino la Corte luego de haberse desarrollado el proceso electoral el 22 de febrero. En ese sentido, se planteó que la medida resulta extemporánea, ya que se produce después de la participación ciudadana en las urnas, lo que abre interrogantes sobre el sentido del voto y deja planteado un escenario de incertidumbre que dio paso a las distintas posiciones de los dirigentes presentes.

En ese marco, uno de los puntos más sensibles fue la situación de los convencionales electos, que aún no han sido proclamados. “La Junta Electoral no nos está proclamando como candidatos electos”, denunció Marcianesi al inicio del programa, y advirtió que esto implica “concretar un daño y faltarle el respeto a la población”, al tiempo que se está “afectando la representatividad y la democracia en Mendoza”.

Explicó que la situación adquiere mayor gravedad al compararla con otros cargos surgidos del mismo proceso. “Han proclamado los legisladores, a los futuros concejales que van a asumir ahora en abril, y no a nosotros”, remarcó, marcando una clara contradicción dentro del sistema electoral. Para el convencional, esto refuerza la idea de arbitrariedad y abre interrogantes sobre las razones de fondo.

En esa línea, planteó una hipótesis que atravesó todo el debate en los estudios de Fm Vos: “Alguien espera a alguien, algo espera a algo o alguien espera a qué”. La frase para Marcianesi sintetiza la sospecha de que la Junta Electoral podría haber demorado la proclamación a la espera de una acción del Ejecutivo provincial.

Las dudas no se detienen allí. Marcianesi fue categórico al afirmar que “esto es un ataque a la institucionalidad” y remarcó que “el proceso electoral se termina con la proclamación”, por lo que cualquier interrupción previa deja el proceso inconcluso y afecta la legitimidad democrática.

El conflicto también tiene una dimensión jurídica compleja. Se explicó que la presentación de un conflicto de poderes genera una “suspensión tácita”, lo que implica que “ninguna de las dos partes debería avanzar” mientras se resuelve la controversia. Esto no solo frena el proceso en San Rafael, sino que condiciona cualquier intento de avance tanto desde el municipio como desde la Legislatura.

En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la posible relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Aunque sin afirmaciones concluyentes, se mencionó la existencia de figuras que actuarían como nexo entre ambos ámbitos. “Todos ven como el nexo que hay entre Ejecutivo y Judicial”, expresó Marcianesi, en referencia a un funcionario recientemente apartado Marcelo D’Agostino, lo que sumó un elemento de sospecha en un contexto ya cargado de tensiones.

Desde el oficialismo, el diputado Franco Ambrosini defendió la postura del gobierno y planteó que el problema radica en la forma en que se intentó avanzar con la autonomía. “Hay una sola opinión: lo que establece la Constitución Nacional”, afirmó, citando el artículo 123. “Primero la provincia, después cada municipio dicta su Carta Orgánica”, explicó, marcando que el proceso debe iniciarse en la Legislatura.

En ese sentido, advirtió que el camino elegido por San Rafael podría haber derivado en una norma jurídicamente frágil. “Si se dictaba la Carta Orgánica, iba a ser débil”, sostuvo, y agregó que “cualquier sanrafaelino que se viera afectado podía dictar la inconstitucionalidad de la norma”. Según su mirada, avanzar sin el marco provincial previo expone al municipio a conflictos judiciales permanentes.

Ambrosini también cuestionó el accionar del municipio en términos de autonomía real. “Quieren ser autónomos, pero sin recursos”, afirmó, y agregó que “cuando tienen que ejercer la autonomía, no lo hacen”. En esa línea, mencionó ejemplos como el arbolado público y los preventores viales para sostener que “San Rafael no ha avanzado en la autonomía”.

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados al oficialismo fue el cambio de postura del Ejecutivo provincial. “¿Por qué ahora le parece importante legislar sobre la autonomía?”, fue la pregunta que atravesó el debate. La respuesta fue que “hay que darle institucionalidad a Mendoza”, pero desde la oposición esa explicación no convenció.

El senador Mauricio Sat fue contundente: “Esto es una cuestión netamente política”. Y profundizó: “Berretismo político, de la ventajita, de la chicana”. Para el legislador, el conflicto responde a una lógica electoral. “Como no se ganó la elección, ahora modificamos las reglas de juego”, afirmó, vinculando la situación con el escenario político de cara a 2027. “Se adelantó el proceso electoral y hay que empezar a trabar”, agregó.

En esa línea, también planteó que el tema podría estar siendo utilizado para desviar la atención de otros problemas. “Se usa para no hablar de los problemas verdaderos que tiene cualquier vecino”, dijo, en referencia a la situación económica y laboral.

Sat también defendió con énfasis el proceso electoral. “Se gastaron recursos, se hizo una elección, los candidatos han laburado”, remarcó, y advirtió que “hoy le están mintiendo a la gente”. En ese sentido, planteó una situación concreta: “Un candidato fue y le dijo a un vecino ‘vóteme que con la autonomía voy a hacer esto’, y hoy le dicen que todo eso no vale”.

Las críticas al gobierno provincial atravesaron buena parte del debate y se expresaron en distintos niveles, desde cuestionamientos directos hasta señalamientos más amplios sobre el rol del Ejecutivo en el conflicto. El senador Sat fue el más contundente al afirmar que “Cornejo se cree el monarca de la provincia” y que “si no tiene una iniciativa política, no la tiene nadie”, enmarcando la situación como “un capricho y una mezquindad política”.

En ese mismo sentido, Sat expuso lo que consideró una contradicción central del Ejecutivo provincial: “El gobierno está planteando frenar esta situación, pero también es el peticionante de una ley”, advirtió, en referencia al proyecto de autonomía impulsado en paralelo desde la Legislatura. Para el legislador sanrafaelino del PJ, esta dualidad evidencia una falta de coherencia institucional y refuerza la idea de que el conflicto no responde únicamente a cuestiones jurídicas, sino a una disputa política de fondo. A esto sumó otro elemento de cuestionamiento al señalar el rol de las autoridades legislativas en el planteo judicial: “¿Cómo puede ser que el conflicto de poder lo presente la vicegobernadora y autoridades que fueron parte de la Junta Electoral y no hicieron ninguna manifestación al respecto?”, se preguntó, dejando planteadas dudas sobre el accionar coordinado del oficialismo.

Otro eje central fue el modelo de autonomía en discusión. Desde la oposición se cuestionó el proyecto del Ejecutivo al considerar que limita la autonomía real. “No es una autonomía real”, señalaron, al explicar que las Cartas Orgánicas deberían ser aprobadas por la Legislatura. “La legislatura termina decidiendo la Carta Orgánica”, indicaron, en contraste con el esquema impulsado en San Rafael, donde se preveía una validación directa por parte de la ciudadanía.

Esta diferencia marca el núcleo del conflicto: un modelo descentralizado con validación popular frente a otro con control centralizado. La contradicción fue señalada como uno de los puntos más débiles del planteo oficial.

También se expusieron inconsistencias institucionales. “La Junta Electoral avala el proceso y después la Corte lo suspende”, se remarcó, mientras que se sumó otro interrogante: “¿Cómo juega la cosa juzgada?”, en referencia a la participación previa del máximo tribunal en instancias del proceso.

El caso de José Luis Ramón también apareció como parte del trasfondo. “Ramón presentó un planteo para frenar el proceso”, se recordó, aunque Ambrosini sugirió una vinculación política con el justicialismo al señalar que “participa del interbloque” y compararlo con “el meme de Spiderman”. Desde la oposición, en cambio, se planteó que ahora se están utilizando esos mismos argumentos en otro contexto.

Más allá de las diferencias, hubo coincidencias en la necesidad de avanzar en una reforma estructural. “La autonomía es un derecho, no una opción”, sostuvo Sat, y remarcó que “treinta y pico de años que la Constitución Nacional nos autoriza… y no ha pasado nada”. En ese sentido, se planteó la necesidad de discutir una reforma constitucional de fondo.

Se mencionaron además los artículos 197 y 199 de la Constitución provincial como ejes de posibles modificaciones, incluso reconociendo similitudes entre proyectos de distintos espacios políticos, lo que abre la puerta a eventuales acuerdos legislativos.

El debate se proyectó hacia una discusión más amplia sobre el funcionamiento del Estado. “Hay que modernizar el Estado”, se planteó, junto con la necesidad de “descentralizar” y repensar la relación entre provincia y municipios. “Cuesta mucho llevar el día a día del municipio por la distancia”, se expresó, reforzando la idea de que la autonomía no es solo un debate jurídico, sino también una necesidad de gestión.

Con el proceso suspendido y sin definiciones inmediatas, el conflicto por la autonomía municipal en San Rafael se transformó en un caso testigo que no solo definirá el futuro institucional del departamento, sino que también pondrá en discusión el modelo de Estado que Mendoza pretende construir.

Más tensión por la autonomía

En la continuidad del debate en Todas las Voces, el senador Mauricio Sat profundizó el planteo sobre la necesidad de discutir no solo competencias sino también financiamiento, al advertir que “Vialidad debería administrarla el municipio”, y sostuvo que no se puede avanzar “sin una discusión seria en donde tengas los recursos para poderlos llevar adelante”.

Ante la consulta sobre los pasos a seguir tras la resolución de la Corte, Sat confirmó que el municipio avanzará con una presentación judicial: “nosotros en esta semana vamos a hacer un planteo”, y remarcó que “el proceso electoral ya sucedió”, por lo que “pretendemos que se concluya con la proclamación de los mismos”. En ese marco, volvió a deslizar críticas políticas al señalar que “hay información cruzada y está la ventajita”.

Uno de los cruces más tensos se dio en torno a la posibilidad de plebiscitar la autonomía. El diputado Ambrosini se planteó que “primero tenemos que llamar a la población, si está de acuerdo o no está de acuerdo a plebiscitar la autonomía municipal”, lo que generó una reacción inmediata de Sat: “no tomemos de huevones a la gente”, al insistir en que ya hubo una instancia electoral y que la validación final se dará en 2027.

En esa línea, también salió al cruce de versiones sobre la creación de tributos: “se sabe que no se pueden hacer impuestos, son tasas”, y subrayó que “va a ser la misma gente la que va a decir si está de acuerdo o no”.

El debate sumó otro eje a partir de las declaraciones de Francisco Mondotte, quien sugirió que la autonomía podría buscar evitar controles del Tribunal de Cuentas. Sat lo rechazó de plano: “está desinformado” y afirmó que “sería inconstitucional”, mientras que desde el análisis técnico se reforzó que “el Tribunal de Cuentas es provincial”.

Uno de los puntos más sensibles fue la interpretación del acuerdo previo entre el municipio y el diputado José Luis Ramón. Franco Ambrosini sostuvo que “la Corte no convalidó, certificó el acuerdo”, marcando que no hubo resolución de fondo. Esa afirmación abrió un contrapunto directo, ya que desde la oposición se planteó que la participación del máximo tribunal implica un aval del proceso, instalando la discusión sobre la existencia o no de cosa juzgada.

Ambrosini fue más allá y calificó ese acuerdo como “escandaloso”, al considerar que modificó una ordenanza del Concejo Deliberante. No obstante, reconoció que posteriormente hubo una nueva ordenanza que lo avaló, aunque remarcó que fue “con mayoría simple”, lo que volvió a poner en discusión la legalidad del procedimiento. “No puede ir por una mayoría simple”, insistió, al recordar que la Constitución Provincial exige “los dos tercios”.

El conflicto escaló cuando se abordó el rol de la Corte y su intervención en distintas instancias del proceso. El convencional electo Martín Marcianesi advirtió que “no proclamar candidatos electos es un abuso” y sostuvo que existe “falta de institucionalidad”, al remarcar que “no podemos ni discutir porque no nos proclamaron”. En ese sentido, subrayó un punto clave: “la Corte no le ha notificado a la Junta Electoral que se abstenga de proclamar”, lo que abre interrogantes sobre posibles interferencias informales.

Marcianesi también puso el foco en lo que consideró una situación institucional delicada: que la Corte haya intervenido en el acuerdo previo y luego en el proceso en curso. “¿Cómo debo tomar si los mismos miembros que componen la Corte son los que llevan adelante el proceso electoral?”, planteó, sugiriendo una superposición de roles.

El debate alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Ambrosini interpeló directamente a Sat por sus cuestionamientos al Poder Judicial al decir «En el resultado de esto se va a ver la institucionalidad. Cómo se expida y cómo se resuelva esto se va a ver si en Mendoza hay institucionalidad o no», a lo que el diputado radical fue al hueso “Entonces, senador usted está diciendo que la Corte no es independiente y que la Corte va a estar permeable a lo que establece el Ejecutivo. Está diciendo que los jueces, o sea, que los ministros de la Corte no van a actuar según su decisión?”, y fue más allá al advertir: “es grave lo que dice”. La respuesta del senador buscó desmarcarse de esa interpretación: “No, no, no ponga palabra ni tampoco me pretenda correr. Yo lo que planteo es lo siguiente. Tengo la expectativa de que la Corte actúe de buena fe y actuar de buena fe es actuar de acuerdo a los tiempos, a los procesos y a los plazos”, y aclaró que “la Corte ya participó de un reclamo que hubo de similares características de algo que ya hay una cosa juzgada y esto a destiempo, a momentos de que falte una sola parte del proceso para terminar, que es la proclamación de los convencionales».

Otro de los cruces giró en torno a la responsabilidad política del conflicto. Sat fue directo: “es una decisión política del gobernador”, en referencia a la presentación del conflicto de poderes. Ambrosini respondió marcando la lógica de funcionamiento interno: “somos parte de un equipo”, aludiendo a la articulación entre el Ejecutivo y los legisladores.

En el plano jurídico, Marcianesi aportó un análisis técnico al señalar que el planteo del Ejecutivo carecería de precisión: advirtió que en el derecho existen “nulidades absolutas y relativas” y que “no podés quejarte por quejarte”, remarcando que el reclamo debería tener “un objeto concreto”. En ese sentido, cuestionó que no se explicite claramente qué propone la provincia frente al proceso en marcha.

Franco Ambrosini, por su parte, defendió la postura oficial provincial al insistir en que el proceso “nació mal desde el principio” y que el municipio “avanzó sobre poderes que son del Legislativo”. Reforzó además que la prioridad debe ser la legalidad: “nosotros hacemos lo que tiene que ser legal y lo que tiene que ser institucional”, y advirtió que “la buena fe no alcanza cuando va en contra de la ley”.

La discusión en los estudios de la radio también incluyó ejemplos técnicos para diferenciar instancias legales. Se planteó que un acuerdo, como el realizado en la audiencia de conciliación con Ramón, no equivale a una sentencia: “no es que haya una decisión judicial”, se explicó, comparándolo con acuerdos laborales que pueden ser revisados posteriormente.

En paralelo, volvió a surgir el cuestionamiento por los tiempos. Sat insistió en la contradicción: “si nació mal, ¿por qué no lo plantearon antes?”, y reiteró que el proceso ya atravesó todas sus etapas centrales.

El análisis se amplió hacia la institucionalidad de Mendoza a partir de las declaraciones del ex ministro de la Suprema Corte Pérez Hualde. Mientras desde el radicalismo se defendió que la provincia “es una de las que más institucionalidad tiene”, Sat sostuvo lo contrario: “Mendoza ha perdido la institucionalidad”, y apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, al señalar que actúan “de acuerdo a la cara del cliente”.

De cara a la resolución del conflicto, Marcianesi explicó que “la acción prevé 30 días” una vez que el municipio responda, mientras que Sat estimó que “quizás se resuelva en las próximas semanas”. También se planteó la posibilidad de una audiencia como instancia para destrabar la situación.

Finalmente, el eje volvió a la ciudadanía como instancia definitiva. “No hay que tenerle miedo a lo que escriban los constituyentes”, sostuvo Sat, mientras que Marcianesi insistió en la necesidad de avanzar: “queremos discutir y no nos dejan”.

Así, el conflicto por la autonomía no solo continúa abierto, sino que suma nuevos niveles de tensión política, jurídica e institucional, con cuestionamientos cruzados sobre la legalidad del proceso, el rol de la Corte, la independencia de poderes y el trasfondo político de una disputa que, lejos de resolverse, sigue más vigente que nunca.