Un informe elaborado por especialistas de la Facultad Regional de Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) alerta sobre las consecuencias en la provincia si, en medio de la pandemia de coronavirus, ocurre un sismo de gran magnitud.
“Este análisis da una clara señal de alerta de la limitada capacidad de respuesta que existe en los sistemas de salud para atender un desastre sanitario de esta magnitud combinada con otro riesgo natural, lo cual podría ser una catástrofe en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM)”, indicó Graciela Maldonado, directora del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica (CeReDeTeC).
La ingeniera señaló que el documento fue realizado en agosto del 2020, en medio de los picos de casos de coronavirus en Mendoza, con la ocupación de camas de Terapia Intensiva que rondaba rozaba el 90%.
“Pensamos realmente que un sismo de gran magnitud, mayor a 7 grados en la escala Richter, colapsaría el sistema sanitario, que ya estaba cuestionado antes de la pandemia”, afirmó Maldonado.
Los riesgos concatenados hacen referencia a la probabilidad que puedan registrarse -en serie o de manera secuencial- dos o más fenómenos peligrosos, donde uno desencadena el otro y así sucesivamente, bajo condiciones de vulnerabilidad.
En el documento, los especialistas hacen hincapié de que “este escenario requiere que en el área Metropolitana de Mendoza se plantee a nivel de gestión cómo proceder cuando se presente un evento sísmico significativo en coincidencia con una pandemia, impulsando el aspecto de resiliencia de la población y el mantenimiento de la infraestructura”.
Reducir la vulnerabilidad social
Para Maldonado, es fundamental que se actualice el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que se iba a realizar el año pasado y fue postergado por la emergencia sanitaria.
El último fue realizado en 2010 y daba cuenta que en Mendoza existían 12.000 viviendas de adobe con alto riesgo sísmico.
La cuenta, para la experta, es sencilla: si en las mismas vivían al menos 4 personas, se podría establecer que 48.000 ciudadanos podrían estar en peligro durante un movimiento telúrico y, en ese caso, requerirían asistencia médica en medio de hospitales colapsados de casos de COVID 19.
“Tanto en el aspecto de riesgo sísmico como sanitario la disminución de la vulnerabilidad social es imprescindible. El Estado como los privados deben tomar medidas para reducir esa variable donde la educación y la comunicación juegan un rol muy importante”, destacan los especialistas en las conclusiones del informe.
Otros datos clave del documento, que tomó más relevancia tras el terremoto de 6,4 grados registrado este lunes por la noche, con epicentro en San Juan, son:
- «No existen mapas de riesgo para cada municipio y para el conjunto del AMM donde se identifiquen claramente las amenazas, la población y equipamiento expuesto».
- «De los siete municipios pertenecientes al AMM, sólo uno cuenta con un plan de contingencia en caso de desastre lo que expone urgencia en actualizar este tipo de información y elaborar un plan de respuesta adecuado para diferentes tipos de amenazas».
- «Tampoco se cuenta con un sistema de alerta temprana y el presupuesto municipal asignado es escaso».
- «Esto da cuenta de que el AMM se encuentra muy alejada de los que supone una ciudad con capacidad de adaptación al cambio climático».
Los ingenieros superpusieron el mapa de distribución del índice de vulnerabilidad social con los resultados de la distribución de enfermos por COVID 19 y dieron cuenta que ambos coinciden.
“Si a estos mapas se sumara la problemática de la peligrosidad sísmica del AMM se podría observar que la problemática sanitaria aumentaría si se dieran en forma simultánea un terremoto significativo con la enfermedad COVID 19”, destaca el trabajo de la UTN.
En este sentido, Maldonado hizo hincapié en que es importante tener políticas a largo plazo para mitigar estos riesgos y trabajar para “reducir desigualdad, pobreza y exclusión para lograr también la reducción de riesgos y que haya mecanismos efectivos de gobernanza del riesgo sistémico a nivel local, nacional e internacional”.
Protocolos actualizados
Daniel Burrieza, director de Defensa Civil de la provincia, explicó que los planes de manejo operativos para actuar en distintas emergencias son revisados constantemente y que cada evento es distinto a otro.
A la par, afirmó que se evalúan también los mapas de riesgo, donde se ubican las zonas de vulnerabilidad y las edificaciones más vulnerables.
El funcionario recalcó: “En 2017, después de 40 años, se actualizaron los planes de contingencias de la provincia. Son puestos a punto cada 3 años y en 2020 hicimos la revisión”.
En tanto, explicó que en medio de la pandemia hubo incendios y tormentas con evacuados que fueron atendidos con éxito.
“Tuvimos una inundación grande con una familia con COVID 19 que tuvo que ser evacuada. Para esto tuvimos que recurrir al personal de salud para que pudieran proceder al encapsulamiento”, graficó Burrieza.
Por otro lado, se lamentó que por la emergencia sanitaria no se pudieron hacer los simulacros de sismo en escuelas y organismos del Estado. “Como el Plan Familiar de Emergencia, son fundamentales para que la gente sepa cómo actuar”, dijo.
Fuente: El Sol
