Toma de tierras: “Hay un silencio cómplice del gobierno nacional”

Las ocupaciones ilegales de tierras en varios puntos del país es un tema sensible que viene levantando vuelo en los últimos días y se agravó con el conflicto en un campo de Entre Ríos propiedad de la familia de Luis Etchevehere, ex ministro del gobierno anterior.
Las entidades agrarias por lo general han difundido estos días duras expresiones al respecto. Todos apuntan a la inacción del gobierno nacional y la sospechosa participación en algún caso de algún funcionario de organismos nacionales.
Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidente, el alvearense Carlos Achetoni, dijo a Fm Vos (94.5) que “este caso particular (en Entre Ríos) es un conflicto familiar y los que están ahí están repudiando la metodología delictiva de apropiarse de lo que no es de ellos, ven peligrar el derecho de la propiedad privada con este modus operandi de alguna gente; uno ve un silencio conspirativo o cómplice del sector gubernamental a nivel nacional, es bastante triste eso”.


La entidad comunicó que “en las últimas semanas se han profundizado las tomas de tierras y usurpaciones en distintos puntos del país. Y ante la desesperación de propietarios que se ven despojados de sus tierras sin que nadie salga en su apoyo, alarma el tibio accionar de la justicia, que no hace valer los principios de nuestra Constitución. Pero preocupa más aún la complicidad de quienes nos gobiernan, que desde las más altas esferas no sólo no repudian esta manera de proceder, sino que, por el contrario, parecen convalidarla y hasta incentivarla”.
LA FAA sostuvo que desde su creación en 1912 “venimos pidiendo por políticas públicas que permitan y faciliten el acceso a la tierra, en especial a los pequeños y medianos productores, a los agricultores familiares y a los campesinos. De hecho, en los últimos meses, en el marco del ASPO hemos presentado en reiteradas oportunidades al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, la idea de avanzar en la creación de un banco de tierras similar al que existe en Uruguay. Es decir que estamos convencidos como sujetos, pero especialmente como organización gremial representativa de los productores más chicos, de que el camino es buscar mecanismos para facilitar el acceso a este tan preciado bien”.
Sin embargo, “creemos que estos procesos deben ser por la vía legal. Deben existir políticas públicas capaces de reasignar y permitir a través de créditos blandos o accesibles que tierras ociosas, como pueden ser algunas de las que maneja el Estado, puedan ser utilizadas y entregadas a través de distintos mecanismos, a los agricultores más chicos. O como hace Uruguay, que otorga las tierras en accesibles arriendos… esos son para nosotros los caminos a transitar. La vía de la legalidad, el de las políticas consensuadas, progresistas y tendientes a garantizar una creciente igualdad para todos los sujetos. Y no el de la ilegalidad, el del arrebato ni el del delito” cerró Achetoni.

 

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¿Quién avala la toma de tierras?

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