Los empleados judiciales han tomado una decisión drástica en respuesta según informaron a las condiciones laborales cada vez más difíciles que enfrentan en las oficinas fiscales, por lo que comenzaron el viernes con el paro que se extenderá hasta el lunes, inclusive. Ricardo Babillón, secretario general de los Empleados Judiciales, explicó a Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que la medida se realizó en un intento de llamar la atención sobre las demandas urgentes de recomposición laboral y mejoras en las condiciones de trabajo. Este anuncio marca un punto crítico en un conflicto que ha estado gestándose durante meses y refleja la creciente frustración entre los trabajadores judiciales. “El motivo fundamental que nos lleva a esta medida es el incumplimiento del compromiso de recomposición del ítem CPP, firmado en paritaria el 3 de noviembre”, declaró Babillón. “Este ítem es vital para los auxiliares que trabajan en horarios rotativos, incluyendo fines de semana, ya que representan un elemento fundamental en sus ingresos. Sin embargo, hasta la fecha, este compromiso no se ha hecho efectivo”. La falta de recursos humanos en las oficinas fiscales ha alcanzado niveles críticos, exacerbando aún más las tensiones entre los empleados y la administración. Según Babillón “la Procuración ha reconocido la necesidad de al menos un 40% más de personal para poder llevar a cabo eficazmente las tareas. Actualmente, muchos de nuestros colegas están trabajando en condiciones extremadamente precarias, con jornadas laborales que superan con creces las 40 horas semanales, llegando incluso a las 96 horas en una semana. Esto es sencillamente insostenible”. El estrés y la carga emocional asociados con el trabajo en las oficinas fiscales son desgarradores. “Estamos hablando de casos extremadamente sensibles, como abusos sexuales, violencia de género, violencia intrafamiliar y casos que involucran a menores”, explicó Babillón. “Nuestros colegas son quienes reciben estas denuncias de primera mano, enfrentando la brutalidad de la realidad cotidiana en cada encuentro. Esta situación está pasando factura no solo en el ámbito laboral, sino también en la vida personal de nuestros trabajadores. Muchos de ellos están experimentando crisis familiares debido a la carga emocional que conlleva su trabajo”. La convocatoria del Ministerio Público Fiscal para la incorporación de personal ofrece un destello de esperanza, pero también destaca la complejidad del problema. “Con más de 5.400 postulantes en la primera fase, la competencia es intensa”, comentó Babillón. “Sin embargo, sólo 380 avanzaron al segundo filtro”. Ahora, en la tercera etapa, se evidenció la realidad: “Hay una cantidad significativa de personas compitiendo por puestos que, en muchos casos, aún no existen debido a la falta de partida presupuestaria para su creación. Es esencial que se aborden estas dificultades con urgencia para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios judiciales”. El paro anunciado por los trabajadores judiciales no es solo una medida de presión, sino también un llamado a la conciencia pública sobre las consecuencias del “achicamiento del Estado” en áreas críticas como la justicia. “Lamentablemente, estamos viendo una tendencia preocupante hacia la precarización laboral y la reducción de personal en todos los sectores del Estado”, advirtió Babillón. “Esto no solo afecta a los trabajadores, sino también a la ciudadanía en general, que ve cada vez más restringido su acceso a servicios esenciales”. En última instancia, el paro de cuatro días representa un punto de inflexión en la lucha de los empleados judiciales por condiciones laborales justas y un recordatorio de la importancia de valorar y apoyar a quienes trabajan incansablemente para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia.
