Trabajan en un proyecto de ley para contener a víctimas de delitos

El diputado Marcelo Aparicio (Unidad Ciudadana) elaboró y presentó un proyecto en conjunto con la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con el que se busca ampliar la contención de las víctimas de delitos y sus familiares, así como otorgarles mayores garantías y participación durante el proceso penal.
En los casos de delitos de diversa índole, particularmente aquellos vinculados a la violación de derechos humanos y grupos sociales vulnerables es frecuente que por falta de regulación adecuada se postergue a las víctimas o no se aborde su problemática de manera integral durante el proceso penal.
Buscando una contención amplia por parte del Estado, se ha presentado este proyecto que prevé adaptar la normativa provincial a la ley nacional de víctimas vigente y a los tratados internacionales sobre el tema.
Dialogó sobre este tema con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, el abogado Francisco Machuca, miembro de la ONG mendocina Xumek, una de las impulsoras del proyecto. “Es un proyecto que teníamos desde 2017 y que lo actualizamos. Tiene dos grandes ejes: por un lado la asistencia más activa a la víctima de un delito y por otra parte, darle una mayor participación y mayores facultades en el proceso penal. Ingresó ya en la Legislatura y pasó a la Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales. Cuando termine su análisis pasará a su tratamiento al pleno”, explicó.
Una de las causas impulsoras fueron los abusos del Instituto Próvolo, ya que las víctimas se veían limitadas en la participación del proceso por falta de asistencia socioeconómica del Estado en temas básicos como movilidad para ir a declarar, muchos no sabían lenguaje de señas, tenían problemas de alimentación, entre otras cosas, lo que generaba “una suerte de re-victimización”.
La ley nacional que se toma como base en el proyecto, prevé entre otros aspectos la creación Centros de Atención a las Víctimas cuya existencia debe ser notificada tempranamente en el proceso; la atención especializada que las autoridades deberán dispensar a las víctimas cuando presenten situaciones de vulnerabilidad, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga; la posibilidad de la víctima de prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin, la obligación de adoptar de inmediato medidas necesarias para neutralizar el peligro que pueda correr la víctima.