Tragedia de la Cuesta: la causa se encarrila hacia un juicio por jurados para determinar las responsabilidades

A casi ocho años de la tragedia de la Cuesta de los Terneros (25 de junio de 2017) que enlutó a toda la comunidad, la justicia sanrafaelina avanza significativamente en la causa. La jueza de garantías, María Laura Vera, rechazó la oposición de las defensas a la elevación a juicio, dejando el camino expedito para jurado popular en el que se juzgará la responsabilidad de los imputados en la muerte de 15 personas, la mayoría integrantes de la academia juvenil de baile “Soul Dance” de Grand Bourg. En sus fundamentos, la jueza dejó en claro que los imputados Villagra, dueña del colectivo y la empresa, y Pinelli, uno de los choferes, no podían desconocer el mal estado en que estaba el colectivo protagonista de la tragedia e, igualmente, decidieron hacer el viaje desde Buenos Aires a San Rafael.
El doctor Rufino Troyano, abogado de algunas familias de las víctimas, expresó su enorme expectativa ante esta decisión.
En ese sentido, el letrado confirmó que la resolución judicial es un duro golpe para la defensa de Marcia Villagra, exesposa del conductor del micro fallecido en el accidente y dueña de la empresa, y Jorge Pinelli, que era el padre del chofer. «El expediente, que consta de 16 cuerpos y 3.200 hojas, se mantiene bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual y, subsidiariamente, homicidio culposo. Esta calificación es clave para que el caso sea llevado a juicio por jurados, un anhelo de las víctimas», declaró Rufino Troyano a FM Vos 94.5.
«Tanto Villagra como Pinelli (que hacía de segundo chofer) conocían y sabían sobre el estado calamitoso del colectivo La investigación fiscal ha sido excelente, con pericias de toda clase y numerosas testimoniales que respaldan la acusación», destacó durante la entrevista.
«Marcia Villagra compró el colectivo en diciembre de 2015. Apenas 15 días después, el 30 de diciembre, estaba truchando la documentación en Control Automotor Buenos Aires Sociedad Anónima. La maniobra consistió en transformar un vehículo modelo 2003 en uno 2005 para que pudiera obtener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y de esta manera lograra circular. Además, se le cambió el destino de uso propio a transporte de pasajeros, a través de un sistema de desbloqueo», enfatizó.
En ese mismo sentido, el abogado continuó respaldando su postura con datos sólidos. «Transformaron un colectivo, una chatarra, en un ómnibus para transporte de pasajeros, una aberración. La VTV obtenida, que está bajo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, permitió que el vehículo operara a pesar de su condición. Los colectivos para transporte de pasajeros tienen una vida útil de 10 años, con una prórroga de 3 años bajo controles más estrictos. Se falsificaron los papeles, el micro estaba totalmente obsoleto», aseguró el representante de las familias de las víctimas.
Otro juicio en Buenos Aires y próximos pasos en San Rafael
La causa de San Rafael está ligada a otro juicio que se desarrolla en Buenos Aires, donde ya se ha alegado. En esa instancia, están siendo juzgados los ingenieros y dueños de Control Automotores Buenos Aires S.A., acusados de haber realizado el sistema de «desbloqueo» no solamente para este colectivo, sino también para otros 16 vehículos más, lo que para Troyano demuestra la impunidad del caso y la peligrosidad con la que actuaban estos individuos. Se espera que la sentencia en el juicio de Buenos Aires se dicte alrededor del 9 de junio.
En cuanto a la causa de San Rafael, si la elevación a juicio dictada por la jueza Vera queda firme –lo que implicaría que las defensas no apelen o que sus apelaciones sean rechazadas–, se cumplirán los pasos procesales previos y finalmente se fijará la fecha para el juicio por jurados. En esa línea, Rufino Troyano confía en que el fallo de la doctora Vera dejará pocos argumentos para una apelación exitosa por parte de la defensa.
«Ellos sabían que estaban poniendo a circular una máquina de matar en la calle, el colectivo era obsoleto al momento de hacer la VTV. Pasaron tan solo 45 días entre la autorización para que pueda circular y el desastre que terminó ocurriendo en San Rafael», manifestó el abogado sobre el final de la nota.