La decisión de avanzar con una nueva licitación del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles comenzó a generar repercusiones en la Legislatura provincial. Allí se presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita un amplio informe sobre el proceso de venta de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) y reclama que el legislativo tenga participación antes de que se concrete la adjudicación.
El planteo sostiene que el agua del río Atuel y el complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles forman parte del patrimonio estratégico de Mendoza, por lo que una decisión de semejante magnitud no puede quedar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo.
El planteo surge luego de que la Nación y la Provincia lanzaran una licitación nacional e internacional para otorgar por 30 años la concesión de la generación eléctrica del complejo y vender el ciento por ciento de las acciones de HEMSA, empresa creada para administrar el sistema.
Si bien no se cuestiona la necesidad de relicitar las concesiones una vez vencidas, sino las condiciones en que se decidió avanzar con la venta. En ese sentido, se marca preocupación porque las centrales Nihuil II y Nihuil III permanecen fuera de servicio, lo que podría impactar negativamente en la valuación del activo.
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Otro de los cuestionamientos apunta a que el decreto que impulsa la licitación prevé la venta del 100% del paquete accionario a un único comprador, lo que podría ser “incompatible” con el diseño societario aprobado por la Legislatura.
El proyecto también pone el foco sobre la valuación económica del complejo, el precio base fijado para la licitación, las inversiones que deberá realizar el futuro concesionario para rehabilitar las centrales fuera de servicio, las garantías de mantenimiento de las represas, el manejo del agua del río Atuel y el destino que tendrán los fondos obtenidos con la venta de las acciones.
Asimismo, solicita conocer si el pliego garantiza la participación de inversores mendocinos, cómo se evaluará la capacidad técnica de los oferentes y de qué manera se respetará la prohibición legal de incrementar la potencia instalada del sistema, una limitación vinculada al histórico conflicto que Mendoza mantiene con La Pampa por el uso de las aguas del río Atuel.
