Luego de someterse a un juicio abreviado, dos empleados judiciales y un abogado admitieron las maniobras fraudulentas que realizaron desde 2009. El letrado era “ayudado” a ser el mejor oferente mediante información que debía ser secreta. Se hicieron de casas, autos y camiones.
Por el hecho, los dos empleados judiciales y el abogado fueron condenados por cohecho y utilización de información reservada. El trío compuesto por Mario Hener Condorí, Carlos Ariel Bernardeau y el letrado Matías Sánchez, tenían un arreglo para direccionar dichas subastas, donde los empleados tenían su pago y el abogado conseguía los bienes.
Durante la investigación que comenzó en 2012 encontraron que los implicados llevaban adelante este accionar desde 2009. Después de ocho años de investigación y armado de expedientes, el fiscal Víctor Giambastiani logró ponerle fin al caso con la confesión de los imputados.
Los empleados judiciales y el abogado admitieron ante el Tribunal Penal Colegiado conformado por Julio Bittar, Rodolfo Luque y Ariel Hernández la responsabilidad en los delitos que les atribuían durante un juicio abreviado. En el caso de los ya ex empleados judiciales, Bernardeau y Condorí, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.
En cuanto al abogado Matías Sánchez, lo sentenciaron a dos años y ocho meses de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para ejercer la profesión. Las condenas fueron por tres cargos de cohecho y 14 hechos en que utilizaron información reservada de las subastas.
