ROMA — El tribunal de apelaciones del Vaticano declaró nulo el llamado “juicio del siglo” de la Santa Sede, un golpe sorprendente tanto para el legado del papa Francisco como para los fiscales vaticanos, que pusieron en el banquillo de los acusados a un cardenal y a varias personas más por presuntos delitos financieros.
En un fallo de 16 páginas, el tribunal de apelaciones emitido que tanto Francisco como los fiscales del Vaticano cometieron errores de procedimiento que anularon la acusación original contra el cardenal Angelo Becciu y los demás y requirieron llevar a cabo un nuevo juicio. El tribunal fijó el 22 de junio como la fecha para el inicio del nuevo juicio.
Los abogados defensores dijeron que un fallo así era enormemente significativo, si no histórico, ya que equivale a que un tribunal del Vaticano declare que un acto del papa no tenía efecto.
El fallo fue una victoria para la defensa y un enorme revés para los fiscales vaticanos, que han estado batallando para salvar su caso. La acusación y las condenas de 2023 contra Becciu y otros habían sido presentadas por el Vaticano y el difunto papa como prueba de su disposición a tomar enérgicas contra las irregularidades financieras en la Santa Sede.
Un caso que comenzó con una inversión en Londres y creció
Los abogados de Becciu dijeron que el fallo demostraba que tenían razón al sostener que la defensa quedaba en una desventaja injusta desde el principio.
“Demuestra que desde el primer momento tuvimos razón al plantear la violación del derecho de defensa y al solicitar que se respetara la ley para tener un juicio justo”, dijeron en un comunicado los abogados de Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo.
El caso se centró principalmente en la inversión del Vaticano de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. Los fiscales alegaron que corredores inmobiliarios y monseñores del Vaticano estafaron a la Santa Sede con decenas de millones de euros en honorarios y comisiones para adquirir la propiedad y que luego extorsionaron a la Santa Sede por 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control de la misma.
La investigación original dio lugar a dos derivaciones principales que involucraron a Becciu, en su día un destacado cardenal del Vaticano y futuro aspirante al papado. Fue condenado por malversación y sentenciado a 5 años y medio de prisión. El tribunal condenó a otros ocho acusados por malversación, abuso de carga, fraude y otros cargos e impuso decenas de millones de euros (dólares) en restitución a la Santa Sede.
Todos los acusados sostuvieron su inocencia y apelaron tras un juicio de dos años que abrió una caja de Pandora de revelaciones no deseadas sobre pagos de rescate papales a milicianos islámicos, vendettas vaticanas, espionaje y otros trapos sucios de la Santa Sede.
Durante el juicio inicial, los abogados de Becciu en particular se quejaron de que los fiscales no entregaron todas las pruebas a la defensa, violando su derecho a un juicio justo. Los fiscales censuraron algunos documentos, retuvieron los registros de teléfono celular de un testigo clave de la acusación y censuraron mensajes de texto entre los implicados, argumentando que tales omisiones eran necesarias para proteger el secreto de otras investigaciones.
Los abogados también alegaron que cuatro decretos secretos que Francisco firmó dando a los fiscales amplios poderes para investigar violaban el derecho de los acusados a un juicio justo. Sólo se enteraron de los decretos justo antes de que comenzara el juicio, ya que los decretos nunca se publicaron.
El tribunal de apelaciones se pone del lado de la defensa
La corte coincidió con ambos argumentos de la defensa. En el fallo, el tribunal de apelaciones estableció que uno de los decretos de Francisco —que permitía a los fiscales proceder sin que un juez preliminar supervisara su trabajo— equivalía a una ley, y que el hecho de que Francisco no lo publicara lo hacía ineficaz. El tribunal también decretó que la falta de los fiscales vaticanos de entregar a la defensa todas sus pruebas anuló su acusación original.
La conclusión contra el decreto de Francisco podría tener implicaciones de gran alcance para cualquier nuevo juicio, ya que pone en duda las acciones de los fiscales derivados de los poderes que Francisco les concedió. Entre ellas, la principal fue el arresto en junio de 2020 del corredor Gianluigi Torzi, quien fue retenido en los cuarteles del Vaticano durante 10 días de interrogatorio sin cargos ni una orden de un juez, y le fueron incautados sus teléfonos celulares y su laptop.
Los abogados defensores se mostraron satisfechos con el fallo.
“La decisión histórica del Tribunal de Apelaciones —que, por primera vez en la historia del Vaticano, determinó que un rescripto papal era inválido y nulo por no haber sido publicado—, a nuestro juicio, da lugar a la nulidad completa de toda la investigación y el juicio”, dijeron en un comunicado los abogados Massimo Bassi y Cataldo Intrieri, que representan al exfuncionario vaticano Fabrizio Tirabassi.
“Confiamos en que podremos llegar a una conclusión rápida del juicio con un veredicto de absolución en gran medida”.
El tribunal, encabezado por el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, ordenó a los fiscales depositar toda la documentación, “en su forma original”, antes del 30 de abril. Dio a la defensa hasta el 15 de junio para preparar sus mociones antes del inicio del nuevo juicio el 22 de junio.
Fue el segundo golpe importante para los fiscales desde que se abrió la fase de apelación el año pasado.
En enero, el máximo Tribunal de Casación del Vaticano confirmó la decisión del tribunal inferior de desechar por completa la apelación del fiscal del primer juicio porque el fiscal Alessandro Diddi cometió un vergonzoso error procesal de novato.
El mismo día del fallo de Casación, Diddi también retiró meses de objeciones y renunció abruptamente al caso, en lugar de enfrentar la posibilidad de que el tribunal de Casación ordenara su destitución.
En cuestión estaba el papel de Diddi en un conjunto ahora infame de chats de WhatsApp que puso en duda la credibilidad de todo el juicio. Los chats documentaron un esfuerzo de años, entre bastidores, para apuntar contra Becciu y sugirieron una conducta cuestionable por parte de la policía vaticana, los fiscales vaticanos y el propio Francisco.
León habla sobre justicia, unidad y autoridad
La decisión del martes se emitió apenas unos días después de que el papa León XIV inauguró el año judicial del Vaticano. León, abogado canonista, se reunió el sábado con los jueces y fiscales que supervisan el aparato judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano, que sigue su propio peculiar código legal inspirado en un código italiano de hace un siglo y en el derecho canónico interno de la Iglesia.
En sus palabras, León habló de la justicia como un medio para fomentar la unidad en la Iglesia, insistiendo en que debe estar orientado a la búsqueda de la verdad y acompañado de la caridad. También habló de la justicia como un medio para fomentar la credibilidad dentro de una institución, comentarios interpretados por algunos como una referencia a cómo el juicio de Becciu había dañado en algunos aspectos la reputación de la Santa Sede debido a sus muchas anomalías.
“El respeto de las garantías procesales, la imparcialidad del juez, la efectividad del derecho de defensa y la duración razonable de los procedimientos no son meramente instrumentos técnicos del proceso judicial”, dijo León. “Constituyen las condiciones a través de las cuales el ejercicio de la función judicial adquiere una autoridad particular y contribuye a la estabilidad institucional”.
