Para los dirigentes empresariales nucleados en la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), “claramente estamos frente a un violento acto delictivo disfrazado. Ya tendrían que haberse manifestado con toda claridad los gobiernos provinciales y sobre todo el nacional, y quitar todo respaldo a los hechos que están ocurriendo, en colaboración con muchas instituciones, incluidas varias del Estado nacional”.
En momentos en que el tema está candente por la ocupación de un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos, la dirigencia de la entidad mendocina afirmó que estas acciones “están protagonizadas por algunos sectores que dicen representar a los más vulnerables y los llevan a cometer delitos no solo contra la propiedad privada sino también contra instituciones de la democracia que tanto nos ha costado; las tomas terminan constituyendo problemas complejos en los que se entrecruzan organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la seguridad, la pobreza estructural, avivados, problemas legales públicos y privados”.
Argumentan que la falta de educación, la necesidad y el oportunismo permiten que algunos actores sociales sean empujados a realizar acciones tan reñidas con la Constitución y con las normas más básicas de convivencia social.
La UCIM se pregunta “¿qué los moviliza? ¿De dónde surgen los dineros que permiten los movimientos y sustento de tantas personas? ¿Quién está detrás de estos actos? ¿Por qué da la impresión que las regiones en las que actúan son “zonas liberadas”? ¿No es suficiente un escenario de economía a pique y de pandemia con un sistema de salud colapsado y medio país paralizado, que necesitamos agitar conflictos sociales y violar derechos de ciudadanos básicos?”.
Culminan diciendo que “no podemos vivir sin normas. La vida social se desmorona si no se respetan los principios que tan claramente defiende nuestra Constitución nacional y normas internacionales. Llamamos a la reflexión a las autoridades de todos los niveles y poderes y a las organizaciones sociales para poder organizar este desorden, impedir los atropellos, castigar en el caso que se comprueben los delitos y ponernos a construir seriamente un futuro mejor para la Argentina”.
