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miércoles 19, de enero , 2022

Un abogado del Bentogate, complicado por una estafa

La causa del Bentogate tiene a varios abogados apuntados por el presunto cobro de coimas a cambio de beneficios a detenidos en causas federales, con el juez Walter Bento acusado como líder de una asociación ilícita.

Entre los nombres de los letrados más destacados que tiene la investigación que sacudió a la provincia, se encuentran Luciano Ortego y Jaime Alba.

Este último, sospechado de tener fuertes vinculaciones con Diego Aliaga (el empresario asesinado el año pasado), se encuentra también complicado en una causa que se tramita en la Justicia local.

Se trata de un expediente en el que Alba está imputado por estafa procesal, un delito que consiste en introducir un ardid o un despliegue de medios engañosos para que un juez incurra en un error o dicte una resolución que resulte contradictoria para la ley.

Walter Bento.

En este caso, fue en el marco de un conflicto legal por una propiedad de Tupungato, cuyo título fue adquirido por Alba junto a un socio, conocido empresario de la noche mendocina.

Pese a eso, el dueño original de la vivienda se la había cedido hacía más de 50 años a una familia de la zona, aunque nunca se realizó el papeleo correspondiente para que quedara a su nombre, señala la investigación. 

Eso provocó que el título del inmueble pasara por varias manos y se intentara en diferentes oportunidades desalojar a las personas que llevaban alrededor de un lustro habitándola.

Durante todos esos años, se le hicieron refacciones, modificaciones y agregados al lugar. Incluso, fue utilizado para diferentes actividades económicas, todas a nombre la familia que allí residía, se desprende de la instrucción. 

Tras quedar el título en poder de Alba y su socio, nuevamente reapareció la pugna por la propiedad y solicitaron a un juez un permiso para desalojar la vivienda, que fue denegado.

Ante eso, insistieron y pidieron que se les permitiera hacer mediciones con un agrimensor y un análisis de especies forestales con un ingeniero. Una jueza les concedió la autorización para ingresar al terreno y llevar adelante esas tareas.

Diego Aliaga, el empresario asesinado, tenía fuertes vínculos con Alba.

Pero la oportunidad fue empleada para elaborar un plano del sitio, lo cual no había sido permitido por la Justicia, según denuncia el querellante Fernando de la Rosa, en representación de la Compañía Argentina de Transporte S.A., que reclama derecho sobre la propiedad.

Por ese motivo, Alba y su socio fueron denunciados penalmente y en 2011 terminaron imputados, junto al agrimensor que contrataron, por estafa procesal. Este último acordó años después una suspensión de juicio a prueba, que ya terminó de cumplir.

En cuanto al abogado y al empresario de la noche, deberían enfrentar el debate en su contra, ya que la causa fue elevada a juicio en 2018. Sin embargo, tres años más tarde, desde la querella denunciaron que el expediente está «cajoneado» y advirtieron el peligro de que pasen los años hasta su prescripción, tal como señaló el abogado De la Rosa en charla con este diario.

Alba se encuentra tras las rejas desde junio de este año, cuando fue detenido por la causa del Bentogate y fue acusado como uno de los organizadores de la asociación ilícita.

Según la investigación, era el nexo entre Walter Bento y los abogados de imputados en causas federales, a quienes se les cobraban importantes sumas de dinero para otorgarles beneficios judiciales.

Fuente y fotos: Gentileza El Sol

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