Un año más la polémica por los bañistas

Tal como destacábamos en nuestra edición de ayer, autoridades locales y personal del Departamento General de Irrigación se reunieron esta semana con sus pares policiales para abordar la situación de los bañistas en cauces públicos.
En dicho encuentro, los funcionarios destacaron que el Código Contravencional de la provincia dispone que bañarse en un curso de riego supone la posibilidad de multas de entre 200 y 500 unidades fiscales (2.400 a 6.000 pesos) o días de arresto o trabajo comunitario.
En este mismo espacio ya hemos planteado que la discusión parte de una contradicción de derechos, puesto que a la prohibición legal se le enfrenta el derecho de gozar del agua. Cuando las elevadas temperaturas se tornan difíciles de sobrellevar sin un lugar o actividad para refrescarse, la controversia comienza a transitar los senderos de los derechos humanos y, entonces, las conclusiones pueden variar. Muchos de los que habitualmente desarrollan estas actividades sostienen que el canal, los ríos o los embalses son su única alternativa puesto que no tienen la capacidad económica de costear una temporada en un natatorio y, mucho menos, tener una pileta propia.
La mayoría de los actores intervinientes en la controversia admiten o argumentan que lo normado deja afuera cualquier posibilidad excepcional a la prohibición. No obstante, esos mismos opinantes admiten que el sentido común debiera primar en la problemática, dejando a la gente hacer un uso racional y hasta humano del agua para contrarrestar los efectos del calor.
Otras discusiones, como los taponamientos que los bañistas realizan en los canales y su perjuicio para el sistema de riego (que es para lo que fue diseñado originalmente), quién se hace responsable por eventuales desgracias que pudieran ocurrir en los lugares que se utilizan para bañarse o hasta un eventual cambio en la normativa, también integran esta polémica que se repite año tras año, evidenciando así la dificultad que supone dejar a todos conformes.