Un estudio de abogados mendocino involucrado en la causa Cuadernos
El juicio por la causa Cuadernos avanzó este semana con la lectura de las declaraciones de los arrepentidos, entre ellos una clave: el financista Ernesto Clarens, figura importante y allegado directo a Lázaro Báez, clave para reconstruir el recorrido de las coimas que habrían recaudado funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.
Durante la audiencia se leyeron los tramos más relevantes de su confesión, en los que describió la operatoria con la que se cambiaban pesos por dólares y se entregaban fondos a altos funcionarios.
En uno de los pasajes, Clarens aseguró que durante el gobierno de Cristina Kirchner se ordenó reunir dinero para afrontar un reclamo de Hebe de Bonafini por el programa Sueños Compartidos, y que esos fondos —unos 70 millones de pesos, en aquel entonces 30 millones de dólares— debían ser entregados a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza, cuyo nombre dijo no recordar.
La declaración de Clarens fue extensa y reforzó la tesis del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Claudio Uberti y otros funcionarios integraron una asociación ilícita destinada a recaudar retornos de empresarios de obra pública, transporte y energía. Según el expediente, el sistema se montó a partir de 2005 y funcionó con reuniones en la llamada Camarita, donde se pactaban sobreprecios, turnos para adjudicaciones y los retornos del 10% en cada contrato.
El financista explicó que su rol era recibir dinero en pesos de las constructoras, cambiarlo por dólares en el mercado informal y luego entregarlo a Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor Kirchner. Relató que las entregas se realizaban en hoteles, domicilios particulares o directamente en el edificio donde vivía el matrimonio Kirchner, según la cantidad de dinero a trasladar.
Otro tramo de su confesión apuntó directamente a la ex presidenta. Clarens dijo que José López lo llamó para transmitirle un pedido de Cristina Kirchner: garantizar que una obra en la Ruta 40 quedara en manos de una empresa de Cristóbal López. Para eso, aseguró, le ordenaron contactar a todas las compañías que habían comprado el pliego para que se retiraran o acompañaran al empresario.
Clarens también detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública: reuniones a puertas cerradas entre las principales constructoras, pases de obras, acuerdos de precios y sobrecostos que incluían la coima y la generación de fondos negros. Según su cálculo, movió alrededor de 30 millones de dólares en el tiempo que duró el sistema.
Otro de los pasajes que escuchó la ex mandataria desde su oficina, sin conectarse a cámara durante la audiencia virtual, fue el relato de los aportes para campañas electorales entre 2012 y 2013. Clarens aseguró que varias empresas llevaron dinero con ese fin, que él cambiaba a dólares y entregaba luego en un departamento de Puerto Madero a José López.
Finalmente, el financista volvió a describir el destino final del efectivo recaudado: las bóvedas en la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde —según contó— se almacenaban los billetes en archivos metálicos. También afirmó que los viernes el dinero se enviaba en aviones oficiales desde Aeroparque hacia Santa Cruz, donde terminaba bajo resguardo de la estructura que administraba Daniel Muñoz.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/un-estudio-de-abogados-mendocino-involucrado-en-la-causa-cuadernos/