La iniciativa del diputado nacional Álvaro Martínez propone incorporar uniformes penitenciarios, reforzar la prohibición del uso de celulares y establecer criterios para distribuir las remuneraciones que reciben los internos.
Un proyecto presentado en el Congreso Nacional propone modificar el Código Penal y el régimen de ejecución de las penas privativas de libertad, con el objetivo de introducir cambios en el funcionamiento del sistema penitenciario. Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentran el incremento de las actividades laborales para las personas privadas de libertad, la implementación de uniformes identificatorios y el fortalecimiento de las restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles.
El autor de la propuesta, el diputado nacional Álvaro Martínez, explicó en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5) que la iniciativa contempla modificaciones en dos aspectos diferentes: por un lado, el Código Penal, cuya aplicación alcanza a todo el país, y por otro, el régimen de ejecución de la pena, que establece las condiciones en las que las personas condenadas deben cumplir sus sentencias. Uno de los objetivos centrales del proyecto es aumentar la cantidad de internos que realizan trabajos productivos. Según detalló Martínez, actualmente alrededor del 40% de los presos alcanza esa condición, por lo que la propuesta apunta a elevar la proporción al 70% entre quienes tienen condena firme.
El legislador sostuvo que la incorporación de actividades laborales debe estar acompañada por instancias de capacitación y estudio, de manera que el tiempo de cumplimiento de la pena también contribuya a generar herramientas para el regreso a la sociedad. “Lo que nosotros pretendemos es, tomando ese número que ha aumentado en base a las políticas que ha tomado el gobierno nacional, que llegue al 70% del total de los presos que tienen condena firme”, señaló.
Martínez indicó que los internos ya cuentan con un régimen de trabajo, aunque su alcance es limitado. “Hoy tienen un régimen de trabajo pero lo realiza menos de la mitad de los internos que están en el penal”, explicó. En ese sentido, atribuyó el incremento registrado en los últimos tiempos a cambios en las políticas del Servicio Penitenciario Federal y consideró necesario profundizar esa orientación para ampliar la participación de los condenados en tareas productivas.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con el dinero que reciben los internos por las tareas que realizan. El proyecto plantea establecer criterios para distribuir esas remuneraciones, con prioridades que contemplen los gastos derivados del cumplimiento de la condena y otras obligaciones que puedan corresponder a cada persona. Martínez aclaró que se trata de una remuneración por los servicios prestados y no de un salario en los términos habituales. Según explicó, la propuesta busca organizar el destino de esos fondos para atender diferentes responsabilidades.
En primer lugar, se contemplan los gastos ocasionados por el cumplimiento de la pena. También se incluye la compra de los uniformes previstos en el proyecto, las obligaciones económicas relacionadas con las cargas familiares y las reparaciones a las víctimas cuando hayan sido determinadas por un juez. “Establecemos una serie de criterios de cómo va a utilizarse, también garantizamos un porcentaje de libre disponibilidad y otro porcentaje para cuando salen y terminan en el fin de la condena”, detalló el diputado.
La propuesta vincula este esquema con el objetivo de favorecer la reinserción social. La capacitación, el trabajo productivo y la posibilidad de contar con recursos al finalizar la condena forman parte de los aspectos que el legislador busca fortalecer mediante los cambios planteados. La implementación de uniformes para las personas privadas de libertad constituye otro de los ejes de la reforma. De acuerdo con Martínez, la medida apunta a mejorar el orden y facilitar el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
“El objetivo es que ordena, que facilita el control, sirve también para el caso de emergencia poder identificar claramente o en el caso de fuga, en el caso de motines identificar claramente quiénes son presos y quiénes no”, expresó. Martínez agregó que la identificación del grado de peligrosidad estaría contemplada en la propia ley, de modo que las características de los uniformes respondan a esa clasificación.
La iniciativa también incluye el refuerzo de la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los internos. Este punto forma parte del conjunto de medidas orientadas a modificar las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario y fortalecer los mecanismos de control. En relación con el avance legislativo, Martínez explicó que la propuesta fue presentada nuevamente con algunas modificaciones respecto de iniciativas que se vienen trabajando desde el año pasado.
Actualmente, el texto se encuentra en comisiones, donde deberá ser analizado por los legisladores de los distintos bloques políticos. Esa instancia permitirá discutir los alcances de las medidas, evaluar posibles sugerencias y avanzar, si reúne los consensos necesarios, hacia un dictamen. El diputado señaló que, una vez obtenido ese dictamen, el proyecto podrá llegar al recinto para su tratamiento en una sesión.
