Washington.– Un tribunal federal estadounidense invalidó la suspensión de visas de inmigrante para 75 países que impuso a principios de año el gobierno del presidente Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, se excedió en sus facultades legales con la medida.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó el día anterior, en una sentencia de 61 páginas, que la prohibición es «manifiestamente ilegal» y cuestionó la justificación del gobierno de que los solicitantes de los países mencionados representaban un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para EE.UU.
La jueza señaló que se les había ordenado a los funcionarios estadounidenses negar visas incluso a inmigrantes que cumplían con los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, lo que contraviene una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.
Consultado por EFE, un vocero del Departamento de Estado indicó este sábado que no suelen hacer comentarios sobre litigios legales pendientes o en curso.
Sin embargo, el funcionario insistió en que «el gobierno de Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas».
La lista de países afectados por esta directiva incluía varias naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La pausa en la emisión de visas, vigente desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes del caso figuran cinco profesionales de Colombia a quienes les rechazaron sus solicitudes de visa citando la nueva política, además de seis estadounidenses que aseguran que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times.
El fallo de la jueza también revoca las denegaciones de visa basadas exclusivamente en la medida, lo que podría llevar a la revisión de miles de solicitudes ya procesadas.
«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta administración», afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center.
Según Cuevas Ingram, el tribunal «dejó claro que las leyes de inmigración no pueden usarse para justificar la discriminación».
La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país».
«El gobierno de Trump y Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por eso», insistió.
