La Suprema Corte de Justicia resolvió, luego de más de una década, el conflicto entre empresas privadas y el Departamento General de Irrigación (DGI) por el uso de las aguas subterráneas en la zona de Agrelo, en Lujan de Cuyo. En la sentencia, respaldada por seis de los siete ministros de la Corte, se ratificaron las resoluciones que databan del 2013 y rechazaban la concesión definitiva para explotar dos pozos de agua y ordenaron su cierre.
La posición mayoritaria fue encabezada por el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, y acompañada por María Teresa Day, Julio Gómez, Norma Llatser, José Valerio y Omar Palermo.
El únicó que votó a favor del reclamo de las empresas privadas fue Mario Adaro, quien consideró que ebía hacerse lugar a la demanda de las empresas y admitir el planteo contra las resoluciones de Irrigación.
El fallo confirmó la legalidad de las decisiones adoptadas por el Honorable Tribunal Administrativo (HTA), que en su momento rechazó los pedidos de concesión sobre los pozos 6/1814 y 6/1816 y dispuso su clausura, al considerar que los permisos de perforación se habían otorgado de manera irregular en una zona con restricciones hídricas.
El reclamo había sido iniciado por las empresas Santa María de los Andes S.A. y Vitivinícola Bulnes S.A, quienes rechazaban las resoluciones emitidas en el año 2013 por el HTA y afirmaban que tenían derechos adquiridos de perforación desde el año 2010.
Las empresas argumentaban que, tras realizar las obras y las inversiones necesarias, correspondía que el organismo concediera el título definitivo para el uso del agua subterránea. Sin embargo, Irrigación sostuvo que los permisos habían sido otorgados sin respetar el orden de prioridades establecido por la normativa vigente y que ello impedía avanzar con la concesión definitiva.
La alternativa que planteó la Corte
En su fallo, la mayoría de los ministros de la corte avalaron la postura del organismo que comanda actualmente Sergio Marinelli, y afirmaron que no se actuó de manera negligente al denegar las concesiones solicitadas.
Aun así, cuatro ministros —Garay, Day, Gómez y Llatser— propusieron una salida alternativa para evitar el impacto económico sobre los emprendimientos desarrollados en la zona. En sus votos plantearon la posibilidad de que las empresas accedan a un permiso precario de uso de aguas superficiales, aunque esto dependerá de que las empresas privadas que iniciaron la demanda acepten la opción.
Por su parte, si bien Valerio y Palermo rechazaron la demanda, no se plegaron en la “salida alternativa” y sostuvieron que el caso debía resolverse únicamente con la resolución de la causa.
El escándalo
La concesión de permisos para explotar agua subterránea en la zona de Agrelo se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la gestión del exgobernador Celso Jaque. Las autorizaciones habían sido otorgadas por el entonces superintendente general de Irrigación, Eduardo Frigerio, en un contexto marcado por restricciones hídricas y crecientes cuestionamientos sobre el manejo del recurso.
Las decisiones administrativas derivaron en fuertes denuncias contra Frigerio y su asesor Jorge Villalón. El foco de las críticas estaba puesto en la entrega de permisos de perforación para abastecer emprendimientos inmobiliarios en un momento en que la provincia atravesaba una crisis de disponibilidad de agua. Las acusaciones escalaron hasta la apertura de un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el titular del organismo.
En diciembre de 2011, ya durante el inicio del gobierno de Francisco Pérez, Frigerio presentó su renuncia al frente del Departamento General de Irrigación mientras avanzaban las investigaciones en su contra. La salida del funcionario se produjo en medio de la presión política y judicial generada por el escándalo.
Tras su alejamiento, el nuevo superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, dispuso por instrucción del entonces gobernador el cegado de los pozos perforados en Agrelo. La medida fue posteriormente ratificada en 2013 por el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, decisión que terminó dando origen al proceso judicial que años más tarde llegaría a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/una-decada-mas-tarde-la-corte-prohibio-nuevos-pozos-de-agua-en-agrelo/
