La fiscal federal María Alejandra Obregón consideró en una resolución que hay elementos suficientes para imputar a los directores y gerentes de empresas de medicina prepaga con asiento en Mendoza, porque no cumplieron con los amparos que se presentaron en tribunales contra los aumentos y afectaron a los afiliados.
La denuncia penal fue hecha el 14 de mayo por los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa contra las proveedoras de salud privada por los aumentos en los planes entre enero y abril.
En ese lapso, se presentaron 31 amparos por parte de los afiliados contra Osde, Swiss Medical, Medicus, OMINT, Galeno, Obra Social YPF y Prevención Salud. El Juzgado Federal Nº2 hizo lugar a las medidas cautelares, pero los denunciantes señalaron que éstas fueron incumplidas por parte de las empresas.
De allí derivó la denuncia penal ya que, según los abogados, esto colocó en una situación de “hipervulnerabilidad” a los afiliados y aseguraron que, en algunos casos, se suspendieron las prestaciones médicas a personas con enfermedades.
En su dictamen a Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3, Obregón consideró que la conducta de los responsables ejecutivos de las prepagas debe ser investigada y se encuadra en el artículo 239 del Código Penal, que habla sobre la desobediencia de una orden de un funcionario público.
A mediados de abril, el Gobierno nacional ordenó a las empresas de medicina privada retrotraer las cuotas a los valores de sus cuotas a diciembre de 2023. Pero además las obligó a devolver los aumentos que se aplicaron entre ese mes y abril. La medida fue posteriormente validada por la Justicia Federal.
Por otro lado, se dispuso que el aumento de los planes se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor.
Fuente: El Sol
