Una nación con el futuro seriamente comprometido

La reciente publicación de los guarismos oficiales respecto a la pobreza e indigencia que observa nuestro país dejó como uno de los puntos más preocupantes –entre muchos otros– la confirmación de que el 52,6% de los chicos entre 0 y 14 años eran pobres en el primer semestre. Un año atrás esa cifra era del 46,8% y los números podrían ser peores a fin de año.
Está claro que la crítica situación que atraviesa la Argentina afecta a una parte mayoritaria de nuestra sociedad, pero el caso de uno de los sectores más vulnerables, como lo es la niñez y la adolescencia, debería generarnos una preocupación y, sobre todo, una ocupación mayor que la que hasta ahora se vislumbra, al menos en la práctica y en los resultados.
Las cifras son concluyentes: en la actualidad, más de la mitad de los niños y adolescentes argentinos padece carencias en relación a derechos fundamentales como vivienda, saneamiento y alimentación. Por otra parte, si bien pareciera haberse logrado una mayor inclusión educativa, queda pendiente asegurar que los adolescentes concluyan efectivamente y con saberes sus estudios secundarios y, a la vez, mejorar la calidad de las ofertas educativas, haciendo hincapié en el objetivo de promover la igualdad de oportunidades.
Vale la pena reiterarlo: es evidente que en los últimos años las medidas adoptadas no fueron suficientes para remover, ni mucho menos resolver, los problemas estructurales que afectan a la infancia y la adolescencia en nuestro país. Las brechas de desigualdad social todavía persisten en nuestra sociedad, lo que confirma que las familias y la comunidad en general, y los gobiernos en particular y especialmente, tienen pendiente la tarea de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y adolescentes.
Y esto no es solamente una cuestión que interpela desde lo moral, sino que también debería generar responsabilidades legales porque en esta deuda lo que está comprometido es, nada más ni nada menos, que el futuro mismo de la nación.