La tensión entre el Gobierno Nacional y el sector textil ha dejado de ser una discusión técnica sobre aranceles e inflación para transformarse en un escenario de abierta hostilidad simbólica. Los recientes gestos y declaraciones de las máximas figuras del gabinete no solo ratifican un rumbo económico de apertura indiscriminada, sino que exponen una preocupante falta de sensibilidad hacia el entramado productivo que sostiene miles de puestos de trabajo en todo el país, y del cual nuestra región no es ajena.
Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, afirma con ligereza que «nunca compró ropa en el país» porque le parece cara, no solo está haciendo un diagnóstico de mercado; está emitiendo un juicio de valor desde una posición de privilegio que ignora las causas estructurales de esa falta de competitividad. El ministro omite mencionar que el costo de una prenda en el mostrador local está compuesto en más de un cincuenta por ciento por una carga impositiva y financiera que su propia gestión no ha logrado, o no ha querido, desarmar. Atacar al último eslabón de la cadena mientras se mantiene la presión fiscal es, cuanto menos, un ejercicio de cinismo gubernamental.
A esto se suma la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en una reciente entrevista televisiva no tuvo reparos en exhibir indumentaria adquirida en el exterior. “Este traje lo compré en Amazon y me salió 50 dólares”, afirmó la otrora candidata a presidenta por el PRO, reforzando la idea de que lo nacional es prescindible o de segunda categoría. Estos gestos de «ostentación foránea» por parte de quienes deben velar por el bien común y el desarrollo de la Nación actúan como una bofetada para el fabricante, el tallerista y el comerciante que hoy luchan por mantener sus puertas abiertas en un contexto de consumo desplomado.
Para San Rafael, donde la pequeña industria y el comercio textil intentan sobrevivir a la caída de las ventas y al aumento de los costos fijos, este desprecio oficial tiene consecuencias reales. No se trata solo de una cuestión de precios; se trata de la defensa de un tejido social y laboral que la apertura ciega de importaciones amenaza con desintegrar. El centro de nuestra ciudad así lo muestra de manera clara.
La ejemplaridad es una carga pública. Un gobierno que pide sacrificio a la población y austeridad a las provincias no puede, simultáneamente, dar la espalda a la industria que genera empleo genuino. Si la «respuesta oficial» ante la crisis del sector es el desdén personal de sus ministros, lo que queda al descubierto es un proyecto de país donde la producción nacional sobra. Y eso -la historia ya nos lo ha mostrado en diversas ocasiones- es sumamente perjudicial para la mayoría de los argentinos.
