Una vez más la polémica por la represión privada del delito

Luego de que un conductor atropellara y matara a dos delincuentes que lo asaltaron en la ciudad santafesina de Rosario, trascendió que, desde que comenzó 2021, más de 40 delincuentes fueron ultimados por quienes eran sus víctimas en Argentina, mientras que especialistas alertaron que hay un “rebrote” de estos casos en todo el territorio nacional (un caso cada tres días, indican las estadísticas).
Esto trae a la memoria el paradigmático hecho protagonizado por el ingeniero Horacio Santos, quien en 1990 mató con disparos precisos a dos ladrones que le habían sustraído el estéreo de su auto. Tras un largo proceso, Santos fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber actuado –según los jueces– en “exceso de su legítima defensa”. No obstante no haber ido a la cárcel, Santos debió indemnizar a las familias de los delincuentes, lo que sumió al ingeniero en una grave crisis económica y anímica.
Ante casos como estos, que como se ve se han ido multiplicando a lo largo del tiempo, la opinión pública se divide habitualmente entre quienes ven en las conductas de Santos y de quienes lo imitaron como propias de honestos vengadores hartos de la inseguridad reinante y, en contraposición, quienes sostienen que no se puede responder a la violencia con más violencia.
Nadie dudaría que los ciudadanos tenemos como derecho-deber reclamar con todo nuestro ahínco que sean las instituciones las que asuman efectivamente la lucha contra la inseguridad. Debería estar claro que es el Estado –como agente monopolizador de la seguridad y la justicia pública– el que debería brindar esas respuestas y no empujar con su ineficacia a actitudes “justicieras” de la ciudadanía.
La violencia privada utilizada para “reprimir” hechos ilegales –enmarcada falsamente en la figura de “justicia por mano propia”, puesto que de justicia formal nada tiene– no deja de ser otro hecho que está fuera de la ley. Y un delito no se enmienda ni se castiga con otro, sino que son dos delitos.