Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora, adelantó los cambios que se discutirán en la próxima audiencia pública del 29 de febrero, en relación con el otorgamiento de subsidios para los servicios de luz eléctrica y gas natural por redes.
“Si bien es cierto que plantean exponerlo de otra manera diferente a la que estaba, se van a seguir algunos lineamientos parecidos”, comentó Ríos a Diario San Rafael y FM Vos 94.5. “Se va a tener en cuenta el ingreso familiar, que ya se tenía en cuenta antes, y lo que se va a hacer, el cambio, digamos, es establecer una canasta básica energética, es decir, dependiendo de la zona en la que vivan y en el grupo familiar, va a ser un consumo básico mínimo que va a haber, de gas y eléctrico. Ese consumo mínimo va a estar subsidiado. Si vos te excedes de ese consumo mínimo, ahí empezás a pagar lo que es la tarifa plena al 100% sin ningún tipo de subsidio”.
La implementación de estos cambios tiene como objetivo principal reducir el universo de usuarios que mantienen subsidios, para así contar con un fondo más ajustado y poder cumplir con las metas establecidas con el FMI. Sin embargo, Ríos señaló que esto podría afectar negativamente a muchos usuarios. “Recordemos que hay mucha gente que no cumple a rajatabla los requisitos que estaban establecidos antes para la segmentación”, explicó. “Pero en términos concretos, era un usuario que no poseía ingresos suficientes para pagar la tarifa plena. Quizás tenía una casa o un lote que había heredado y demás, pero en esos casos había que decir, este usuario va a tener que vender esos lotes para mantener ingresos, para poder pagar los servicios de energía y de gas”.
En cuanto a los consumos mínimos, Ríos destacó que aún no están establecidos en kilowatts para la energía eléctrica y en metros cúbicos para el gas. “Se va a exponer ahí mismo también”, asegura. “Va a estar bien diferenciada por distintas zonas. Ya no va a ser algo uniforme para todo el país, sino que ahora va a estar bien georeferenciada. Es decir, por cada localidad, dentro de cada provincia y zona se va a establecer esos mínimos y esos máximos subsidiados”.
Uno de los aspectos preocupantes para Ríos es la falta de transparencia en la información proporcionada a los usuarios. “Al igual que en las gestiones anteriores, lo que ha tenido esta sesión también es mostrar poca información antes de la audiencia pública”, afirmó. “Entonces llegas un poco enterándote de la mayoría de la información que debería ser pública y estar previamente publicada en el mismo momento de la audiencia cuando exponen las autoridades de parte del Gobierno Nacional y la Secretaría de Energía de Nación”.
Ríos destacó la importancia de las audiencias públicas en el proceso de toma de decisiones sobre los servicios públicos. “Las audiencias públicas están establecidas en nuestra Constitución y en los marcos regulatorios de los servicios públicos”, explicó. “Son un requisito fundamental y de no realizarlo, lo que se pueda llegar a aprobar después, puede ser sancionado con una anulación”.
Sin embargo, señaló que muchas veces estas audiencias se convierten en un mero trámite administrativo. “Lo cierto es que durante el transcurso de estos años lo que se hace es pasarlo como una mera etapa administrativa, un trámite más”, lamentó. “Se emite una resolución que ya más o menos se sabe lo que se va a aprobar de antemano, entonces sí, se hace como un mero trámite administrativo”.
Respecto a los aumentos tarifarios, Ríos advirtió sobre un posible incremento del 150% en la energía eléctrica para algunas regiones. “Esta última noticia es solamente para los de sur y el norte”, aclaró. “Las empresas que prestan servicios en el AMBA, lo que nosotros tuvimos es un traslado a nivel nacional de lo que son los precios estacionales de la energía, que se sumó a lo que era la variación del WATT, que es lo que regula la provincia de Mendoza, y en un conjunto los dos dieron alrededor de un 160% de aumento”.
Romina Ríos hizo un llamado a la transparencia en la información proporcionada a los usuarios y destacó la importancia de su participación en las decisiones que afectan sus derechos. “Esperemos que todo lo que se exponga en la audiencia pública sea tenido en cuenta”, concluye. “Y para eso los usuarios pueden realizar sus peticiones o bien directamente saber que no van a quedar dentro del esquema de subsidios y hacer una previsión en la economía doméstica para poder hacer frente a estas tarifas”.
