La Asociación de Viñateros de Mendoza ha expresado su profunda preocupación por los recientes cambios anunciados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), los cuales, según el presidente de la asociación, Eduardo Córdoba, tendrán consecuencias negativas directas para los productores. Las modificaciones, que incluyen la restricción de las facultades de inspección del INV, la eliminación de la obligatoriedad de declarar añada (año de cosecha) y variedad, y la discontinuidad de informes clave, expresó que amenazan la calidad, transparencia y rentabilidad del sector primario.
En una entrevista que brindó a FM Vos 94.5, explicó que la limitación de los inspectores del INV a actuar solo en la etapa final de embotellado, y no durante la elaboración, abre la puerta a maniobras que no corresponden, como la adición de agua o la subdeclaración de grados de uva. Aunque reconoció que las bodegas serias buscan mantener la calidad, advirtió que existen, como en todos los sectores, quienes cumplen con la normativa y quienes no.
«Los productores quedan atados de manos ante posibles irregularidades que afectarían el mercado y la imagen del vino argentino», manifestó al respecto.
Otro punto crítico es la eliminación de la obligación de declarar la añada, la variedad de uva y la procedencia geográfica del vino. Esto, según Córdoba, facilitaría la creación de cortes con variedades de menor valor enológico, perjudicando la autenticidad y el valor del producto.
«Además, la discontinuidad de los informes del INV sobre despachos y stocks de vino privará a los productores de información vital para negociar precios, dejando el campo libre para que los compradores argumenten lo que quieran y con eso tirar abajo el precio», señaló el presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza.
Impacto en el
productor y falta
de consulta nacional
Eduardo Córdoba enfatizó que estas medidas no se justifican por un ahorro de costos en el INV, sino que son cambios regulatorios que afectarán directamente el valor de los productos y la participación de los productores en la cadena. «El precio de la uva representa solo el 3,5% del valor de una botella de vino, y son los productores quienes asumen la inversión a largo plazo y las inclemencias climáticas», apuntó.
Si bien reconoció la excesiva burocracia en los libros de bodega y trámites administrativos que antes exigía el INV, el presidente de la Asociación de Viñateros sostuvo que estas cuestiones podrían reducirse y simplificarse sin comprometer los controles esenciales de genuinidad y prácticas leales. A su juicio, la falta de control en el origen y la trazabilidad se traducirá en menores valores al productor y abandono de la actividad.
«Los productores van envejeciendo y los jóvenes hoy no demuestran interés por el sector, lo que pone en riesgo una actividad que genera trabajo genuino y es pilar del desarrollo provincial, especialmente en departamentos alejados», consideró.
Desatención nacional
y riesgos acumulados
Córdoba lamentó que estas decisiones se tomen de forma intempestiva y sin consulta a los actores directos. «A esta situación, se suma una serie de problemáticas que ya afectan al sector. La retirada de la lucha antigranizo (aunque el gobierno provincial se ha comprometido a afrontar la lucha contra la Lobesia Botrana por dos años), la derogación de la ley de contratos de compraventa (que genera incertidumbre sobre pagos y plazos), el desmantelamiento del INTA con la reducción de profesionales, y las concesiones mineras que ponen en riesgo el agua y la contaminación de napas», enumeró.
Pese a la buena relación y el trabajo conjunto con el gobierno provincial, especialmente en el marco de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Plan Estratégico Vitivinícola, Córdoba criticó la falta de diálogo a nivel nacional. «En el orden nacional no nos atienden, no nos escuchan, porque hemos pedido reuniones para analizar cada uno de estos puntos y no hay ninguna posibilidad», sentenció.
La Asociación de Viñateros teme que, sin una relación rentable entre costos y producción (con aumentos en energía, combustible y agroquímicos, mientras los precios de la uva se mantienen estancados por dos años), la industria vitivinícola mendocina sufra un grave perjuicio. «Ojalá me equivoque, pero creo que este no es el camino», cerró de forma categórica.
