Vitivinicultura al límite: impulsan una mesa de diálogo urgente entre Provincia y Nación para evitar quiebras masivas
La vitivinicultura mendocina enfrenta una «tormenta perfecta» según los especialistas. Con precios al productor que no cubren ni la mitad de los costos de cosecha y una preocupante acumulación de stock en las bodegas por la caída del consumo, el sector se encuentra en estado de alerta. Ante este panorama, el diputado sanrafaelino Germán Gómez, presidente del bloque del PJ, presentó un proyecto para declarar la emergencia en la provincia por 24 meses. La iniciativa no solo busca alivio fiscal, sino también una mediación política ante el gobierno nacional para frenar el ingreso de vinos importados y discutir retenciones, advirtiendo que, sin una intervención estratégica, la desaparición de bodegas y productores pequeños será inevitable.
Un diagnóstico multicausal y sin precedentes
Para Gómez, la situación actual de la industria madre de Mendoza ha superado cualquier crisis previa debido a que afecta, de manera simultánea, a todos los eslabones de la cadena productiva. «Hoy analizamos la situación del sector y la verdad es que es compleja y muy difícil desde el punto de vista económico y financiero. Nunca la provincia ha estado tan complicada como en esta oportunidad, porque la problemática es multicausal: abarca al sector productivo, a los bodegueros, a la comercialización y a la exportación», sostuvo en diálogo con FM Vos 94.5.
«Lo peor es no decir ni hacer nada, o no generar un espacio de discusión para aportar herramientas que ayuden al sector a mejorar su realidad», expresó a continuación.
Precios por el suelo y la amenaza de las importaciones
Uno de los puntos más críticos que destaca el diputado es la brecha insostenible entre lo que cuesta producir y lo que el mercado ofrece, sumado a una competencia que considera desleal por el ingreso de vino extranjero. «Hay productores que denuncian que las bodegas ofrecen 200 pesos el kilo de uva cuando los costos llegan prácticamente al doble, a los 400 pesos. A esto se suma que Argentina tendrá más de 4 millones de litros en esta temporada de importaciones; vemos vinos chilenos y de otros países en las góndolas mientras el nuestro lucha por salir», señaló Gómez.
«El ingreso de ese producto con una situación impositiva o de costos diferente tiene un impacto directo en nuestra comercialización. Si no se toman medidas urgentes, podemos encontrarnos con una situación que ya no tendrá solución», advirtió.
Emergencia y mesa de diálogo
El corazón de la propuesta legislativa radica en la declaración de la emergencia vitivinícola, un paraguas legal que el peronismo busca extender por un plazo de 24 meses. La intención es que este periodo pueda ser prorrogable por otros dos años, otorgando así una previsibilidad necesaria a las herramientas de asistencia financiera y fiscal que el sector reclama para no desaparecer del mapa productivo.
La urgencia del pedido se sustenta en el riesgo inminente de quiebras que sobrevuela tanto a pequeños establecimientos como a grandes firmas. «Hay bodegas muy importantes que están próximas a presentarse en concursos preventivos o en procesos de quiebra. Muchos hoy tienen sobrestock y carecen de capacidad física y financiera para recibir el vino del productor. Si esto no se frena, se generará una problemática social muy seria en nuestras zonas rurales», indicó Gómez.
En este esquema, la gestión ante el gobierno nacional aparece como el «eslabón perdido» de la política local. El legislador insiste en que la provincia debe actuar como un mediador incansable para lograr beneficios similares a los que obtienen otras economías. «Así como se han tomado medidas con los cereales en temas de retenciones, debe hacerse lo propio con el vino. Tener una relación política fina y coordinada entre Mendoza y Nación facilitaría soluciones que hoy parecen lejanas», opinó el diputado, subrayando que la falta de consumo y el exceso de producto requieren una estrategia que trascienda los límites de nuestra provincia.
El fantasma del sobrestock y la falta de consumo
Ante la consulta sobre si el Estado debiera intervenir comprando vino para sostener el precio, Gómez reconoció la dificultad del escenario, pero insistió en que la inacción es el peor camino. «Es una situación más compleja que la mera comercialización. Llevamos varios años agravando este panorama año tras año. Lo que buscamos es generar una mesa de diálogo con el ministro de la Producción y el gobernador. El sector está muy golpeado y pide de manera urgente reuniones para ver cómo salimos», enfatizó.
«No estamos en un callejón sin salida todavía, estamos a tiempo, pero el primer paso es sentarse a dialogar y ver qué herramientas financieras podemos encontrar para evitar que las bodegas, incluso las de San Rafael que sabemos que la están pasando mal, terminen cerrando», completó.
Síntesis del proyecto
La iniciativa de Germán Gómez no se limita a la declaración formal de la emergencia, sino que propone la creación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización. Este mecanismo permitiría al Estado mendocino implementar herramientas de intervención directa para mitigar la descapitalización de los pequeños y medianos productores.
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
- Precio sostén: Establecer un valor mínimo para la uva que cubra los costos de producción.
- Asistencia financiera: Líneas de crédito específicas para las tareas de cosecha y acarreo.
- Compensación directa: Subsidios económicos y alivio fiscal para reducir la presión impositiva.
- Intervención de mercado: Compra pública de subproductos para descomprimir el sobrestock.
El texto contempla además estrictos mecanismos de control y trazabilidad para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes producen, evitando desvíos y garantizando la transparencia en el manejo del fondo.