La vitivinicultura, motor histórico y símbolo de la identidad productiva de nuestra región, atraviesa un periodo de tensiones que excede lo estrictamente económico para adentrarse en el terreno de los criterios contrapuestos. Mientras los sectores patronales sostienen un discurso de crisis estructural —marcado por la caída del consumo, la pérdida de competitividad exportadora y el aumento de los costos de producción—, los trabajadores del sector han comenzado a articular una visión divergente que cuestiona la profundidad de dicha debacle y pone el foco en la distribución de la renta.
Históricamente, la relación entre el capital y el trabajo en el sector vitivinícola ha estado mediada por la noción de esfuerzo compartido ante las inclemencias climáticas o las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, en la actualidad, esa cohesión parece haberse quebrado. Las organizaciones gremiales sostienen que no existe una crisis estructural de la actividad, sino una crisis de salarios. Para los trabajadores, la rentabilidad de las bodegas y los establecimientos productivos no se ha desvanecido, sino que se ha concentrado, dejando al eslabón más débil de la cadena en una situación de vulnerabilidad extrema bajo la línea de la pobreza.
Esta diferencia de criterios es fundamental para entender el conflicto presente. Desde el lado empresarial, se enfatiza la presión impositiva y el costo de los insumos dolarizados como factores que asfixian la industria. Desde el lado obrero, se observa con suspicacia que, mientras se pregona la inviabilidad del negocio, las exportaciones de valor agregado y la tecnificación no se detienen.
En el contexto de San Rafael, esta disputa adquiere una relevancia institucional de primer orden. Una parte economía sanrafaelina depende de la salud de este sector, pero esa salud no puede medirse únicamente en balances corporativos o volúmenes de despacho. Una vitivinicultura sana es aquella que garantiza la sostenibilidad social del territorio. Si el diagnóstico de crisis es utilizado sistemáticamente como una herramienta de negociación para postergar la recuperación del poder adquisitivo, se corre el riesgo de vaciar de trabajadores las viñas y las bodegas, acelerando un éxodo rural que ya es una amenaza latente.
Resulta imperativo que el diálogo sectorial abandone las consignas prefijadas y aborde la realidad con una transparencia que hoy parece ausente.
