El gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y director ejecutivo del Fondo Vitivinícola analizó el conflicto por la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Advierte sobre el riesgo de perder la trazabilidad internacional y el malestar que generaron los ataques del ministro Sturzenegger a los productores mendocinos.
La relación entre el Ministerio de Desregulación y el sector vitivinícola atraviesa su momento más crítico. Lo que comenzó como un diálogo para eliminar hojarasca burocrática derivó en un enfrentamiento público tras los posteos de Federico Sturzenegger, quien comparó la defensa de los registros del INV con las estructuras de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Para Sergio Villanueva, esta reacción no es solo un error técnico, sino una agresión a un sistema que funciona con éxito desde hace décadas.
«Nos sorprendió a todos. Una cosa es desburocratizar, algo en lo que la industria ya venía trabajando para eliminar controles innecesarios en la elaboración, y otra muy distinta es afectar las funciones naturales del INV», explicó Villanueva en FM Vos 94.5.
Para el dirigente, el punto de conflicto es el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un documento que considera básico para la transparencia del mercado. «La reacción del ministro causó un profundo malestar en los sectores privado y público de Mendoza. Acusar a los viñateros de generar mercados dominados es un ‘bolazo’. Cualquiera que conozca a un productor sabe que eso es inentendible y agresivo», aseguró.
Cuáles son los riesgos que implica la eliminación del CIU
Para Villanueva, la eliminación de la trazabilidad que brinda el CIU es un salto al vacío. Comparó el sistema de control con la seguridad de una entidad financiera para graficar el peligro de las nuevas medidas. «Esto es como un banco: vos podés ir a robarlo con una máscara y correr un riesgo, eso siempre puede pasar. Lo que no podés hacer es dejar el banco abierto, porque si lo hacés, cualquiera que pasa va a meter mano. Acá tenemos un peligro serio», expresó.
Ese peligro tiene nombre propio: las barreras paraarancelarias. «En un mundo donde el vino sobra, los mercados buscan cualquier falta de trazabilidad para frenarte. Cuando hemos tenido problemas en Alemania o Estados Unidos, siempre respondimos con los papeles en la mano: ‘acá está la trazabilidad, si dice que es Malbec de San Rafael, es Malbec de San Rafael’. Si sacás eso, la gente va a empezar a dudar y se destruye el modelo de confianza», advirtió el referente de la Unión Vitivinícola Argentina.
El «lobby porteño» y el modelo cervecero
Villanueva no duda en señalar que detrás de la postura radicalizada de Sturzenegger hay intereses con nombre y apellido que operan desde Buenos Aires y que no comprenden la lógica federal de la industria. «Hay sectores en Buenos Aires, con una lógica propia de la industria cervecera, que pretenden imponer reglas de juego donde el más grande dicta las condiciones. No entienden que la vitivinicultura es un ecosistema distinto, con 1.200 bodegas y 15.000 productores que requieren mesas de diálogo y consensos, no decisiones unilaterales», fundamentó.
Según el director del Fondo Vitivinícola, existe un objetivo oculto en esta embestida: desarmar la estructura vitivinícola para favorecer la concentración. «La historia se repite siempre. La primera defensa de nuestra industria nacional la hizo San Martín contra los intereses del puerto que querían frenar el vino argentino. Esa vieja mentalidad de intermediación porteña, que prioriza el comercio sobre la producción, es la que hoy intenta desarmar una estructura que nos costó siglos construir y proteger», remarcó en esa instancia de la comunicación.
Una agresión desde el Estado
La comparación que hizo el ministro entre los productores y el «Chiqui» Tapia (presidente de la AFA) fue, para Villanueva, el punto máximo de la falta de respeto institucional. «Es grotesco y absurdo. El 25% del PBI de Mendoza, sumado al turismo, depende de esto. Es una falta de respeto que desde el Estado se agreda de esa manera a empresarios, viñateros y bodegueros porque presentaron un recurso de amparo para proteger sus derechos», manifestó el referente del sector.
El gerente de la UVA sostiene que el centro de gravedad de la discusión debe volver a Mendoza. «En las zonas productoras nadie puede mentir porque todos conocemos el viñedo; en Buenos Aires, en cambio, se filtran resoluciones de gente que ni siquiera ha estudiado la ley. El CIU es la herramienta que garantiza un sistema democrático: nos permite saber con precisión cuánto produjo cada uno, de qué variedad y con qué grado alcohólico», destacó.
«Es muy triste que un funcionario teórico venga a decirle a los bodegueros qué es lo que tienen que hacer, ignorando una estructura que genera miles de puestos de trabajo y prestigio internacional», agregó al final de la entrevista.
