El combustible tiene nuevos valores en las bocas de expendio, tal como se esperaba en función del acuerdo de precios del gobierno con las petroleras en el marco del programa precios justos. El incremento ha sido del 4% y ya lo han aplicado todas las empresas. El incremento se esperaba para principios de enero, pero el gobierno espero a la mitad del mes para implementarlo. A pesar del aumento, desde el sector consideran que los precios están atrasados. Isabelino Rodríguez, presidente de AMENA, fue entrevistado por Fm Vos (94.5) y Diario San Rafael para conocer la visión de la asociación que representa. “Nosotros acompañamos la política de precios justos del gobierno, pero indudablemente le pedimos a este y a las petroleras que mejoren un poco la rentabilidad nuestra, porque todos nuestros costos están atados a la inflación, en especial el costo laboral. El punto de equilibrio de una estación hoy está en los doscientos setenta mil metros cúbicos por mes, y la mitad de las estaciones del país están por debajo de ese número. Por lo tanto, hay una verdadera crisis perfecta para nosotros en lo que se refiere a la posibilidad de mantener estas cinco mil pymes a nivel nacional, que dan sesenta y cinco mil puestos de trabajo. En el combustible, refiriéndonos a valores de mercado, sigue existiendo un precio atrasado, para comprobar esto solo basta ver el valor del combustible en los países limítrofes”.
Continuando con el tema precios, Rodríguez acotó que “nosotros somos el último eslabón de la cadena, no somos formadores de precios, los valores los ponen las petroleras. Lo que sí puedo decir es que nuestros ingresos están unos veinte o treinta puntos por debajo de la inflación, es decir que tenemos costos que suben por ascensor y recursos que van por la escalera; entonces ahí se produce una diatriba y una situación muy compleja, por eso reclamamos al gobierno y las petroleras poder encontrar medidas o sucedáneos para poder resolver esta situación tan acuciante. Por otra parte, un tema muy delicado y que nos preocupa sobremanera son las comisiones que nos imponen las tarjetas de crédito junto a los pagos de liquidación. Nos cobran un 1.8% por cada operación. Imaginen que nosotros tenemos ingresos de un 9%, promedio, de cada operación que efectuamos, y hay un socio -las tarjetas- que se llevan casi el 2% de la rentabilidad bruta. Eso genera una situación de conflictividad importante; respecto a esto hemos presentado un proyecto de ley que vienen avalado por un fallo judicial que se produjo en la provincia de Santa Fe, en el que pedimos que la comisión de baje a 0.5% y que la liquidación sea a las 72 horas en vez de los catorce días actuales. Los presidentes de las cámaras del país nos vamos a reunir y el ocho o nueve de febrero tomaremos una decisión definitiva al respecto. En tanto, hemos entregado a los legisladores nacionales de todas las provincias este proyecto de ley que trata de volver a una situación de equilibrio”.
