El Senado de la Nación aprobó el jueves tres leyes que impactan de manera directa en el sistema de seguridad social argentino: la actualización de haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad. Estas medidas, reclamadas por amplios sectores de la sociedad, se dieron en un contexto de fuerte resistencia por parte del Gobierno Nacional, que el presidente Javier Milei ya anticipó su veto. Para comprender el alcance real de estas normativas, Diario San Rafael y FM Vos 94.5 dialogaron con el especialista en seguridad social y ex jefe regional de ANSES en Mendoza, Carlos Gallo, quien brindó una mirada integral sobre el tema y advirtió que “el ajuste claramente lo están pagando los trabajadores y los jubilados en Argentina, no la casta, al menos como decía el Gobierno Nacional”.
Durante la entrevista, Gallo remarcó que “son tres leyes particularmente, dentro de siete, si no me equivoco, que se trataron. No todas tienen su importancia, pero en términos de seguridad social son muy importantes”. Y añadió: “La seguridad social en términos teóricos atiende contingencia de la vida de las personas. Nuestro sistema y la seguridad social tiene uno de sus principios principales, es la solidaridad. Hay una solidaridad intrageneracional, que es dentro de las personas de la misma edad, y otra intergeneracional, que es quienes aportamos en actividad para quienes ya están jubilados”.
Respecto al funcionamiento del sistema previsional, aclaró: “Por ahí hay un error en parte de la sociedad que piensa que los jubilados están cobrando lo que ahorraron en su momento. No, en términos reales, lo que cobra, el dinero que cobra hoy en día un jubilado, es lo que pagamos con aportes y contribuciones. Ya casi es mitad y mitad, con recursos tributarios que dependen del consumo, como es, por ejemplo, el IVA”.
En relación a la situación concreta de Mendoza, puntualizó: “En la provincia tenemos 360.000 jubilados y pensionados que están cobrando 379.000 pesos, que es la jubilación mínima. A esto hay que agregar muchos que cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es el 80% de la jubilación mínima, así que no llegan a cobrar ni esos 379.000 pesos”.
Una de las medidas clave sancionadas es la actualización del bono para jubilados. Según explicó Gallo, “había un 7,2% pendiente del empalme de movilidades jubilatorias del principio del año pasado, que había quedado pendiente, eso es para todas las jubilaciones mínimas y máximas e intermedias, pero también una desactualización del bono que está en 70.000 pesos, congelado ya desde hace más de un año. Ese bono pasa a ser de 110.000 pesos y lo que establece la ley es que a partir de ahora se empieza a actualizar también por la misma ley de movilidad jubilatoria”.
Además, subrayó: “La movilidad jubilatoria recordemos que hoy en día es atada a la inflación. Si hay 2% de inflación aumenta un 2% la jubilación, pero también va a aumentar un 2% el bono, hasta ahora lo que estaba sucediendo es que solo aumentaba la jubilación”.
Consultado sobre la moratoria previsional, indicó: “Esa moratoria previsional había vencido en marzo de este año y el Ejecutivo había tomado la decisión de no prorrogarlo. Es un tema muy importante, porque permite que quienes no tienen los 30 años de aporte, que son la gran mayoría de los argentinos y argentinas cuando llegan a la edad jubilatoria, puedan hacer un plan de pago por los años que les falten. Esto claramente afecta al superávit fiscal que dice tener el Gobierno, pero queda evidenciado que ese superávit ya está demostrado por números, pero lo estaban pagando los jubilados y las personas con discapacidad”.
Sobre el impacto del ajuste fiscal, Gallo señaló: “La Seguridad Social, jubilaciones y pensiones, explican el 25% del ajuste que ha hecho el Gobierno Nacional. De cada cuatro pesos que ajustó el Gobierno, uno se lo ha quitado a jubilados y pensionados”.
Respecto a la emergencia en discapacidad, el especialista fue contundente al explicar: “Uno de los puntos que pide es el financiamiento de las pensiones. Debería haber de alguna manera una emergencia que le da poderes al Ejecutivo para que en términos administrativos y económicos resuelva esta situación. Primero, financiar las pensiones por discapacidad. Y segundo, crear esta nueva figura que permita que las personas con discapacidad también puedan tener un trabajo, cobrando la pensión y también los ingresos por trabajo que no superen los salarios mínimos vitales e inmóviles”.
Gallo detalló además que “se establece una compensación económica de emergencia para los prestadores de servicios del sistema de atención integral, con actualización de aranceles por movilidad jubilatoria. Lo que se establece a partir de ahora es que esos cánones que paga el Estado Nacional también se actualizan por movilidad jubilatoria, para que no queden congelados. Después establece un régimen especial para prestadores, con donación de deuda, refinanciación impositiva y garantía de sostenibilidad financiera para evitar los cortes en las prestaciones. Están en crisis estas instituciones, así que se establece un régimen especial para poder sostener y evitar el cierre de estas instituciones y que puedan dejar de atender a las personas con discapacidad”.
Frente al escenario político que se abre, remarcó: “Creo que va a haber una dificultad para poder sostener el veto en la Cámara de Diputados y Senadores. Necesita 86 diputados y 24 senadores, el Presidente Javier Milei, para poder sostener su veto, y creo que va a tener más dificultades que en otro momento para poder lograr esos números”.
Finalmente, Carlos Gallo resaltó el impacto que las nuevas medidas podrían tener en la economía mendocina: “Yo siempre digo, para las jubilaciones mínimas el aumento, entre el aumento del 7,2% más el aumento del bono, son 62.000 pesos. El ajuste que ha hecho el Estado Nacional en jubilaciones y pensiones también ha impactado de manera directa en el comercio. Son uno de cada cuatro pesos menos que circulaban, tal vez en San Rafael, por ejemplo, que están circulando menos, y que los jubilados que hacían con ese pesito más lo volcaban al consumo. Si se les llega a dar este aumento, los jubilados que cobran 379.000 pesos no tienen capacidad de ahorro, así que el dinero que logren comprar también lo van a invertir automáticamente. Creo que es una medida dinamizadora de la economía y esperemos que se pueda resolver en términos humanitarios para ese sector, pero creo que también es un gran beneficio para el resto de la sociedad”.