La ONG Xumek (Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos) presentó ante la Justicia Federal de Mendoza un amparo colectivo en representación de todas las personas con discapacidad de la provincia. La acción busca declarar la inconstitucionalidad de la maniobra del gobierno nacional que, a través de un decreto, suspendió la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.


El doctor Leandro Rodríguez Pons, abogado de la organización, calificó la medida como poco seria.
«El artículo 2 suspende los efectos hasta que el Congreso disponga de las respectivas partidas presupuestarias para su aplicación. Algo que implica un veto vedado, digamos, una manganeta por así decirlo», expresó Rodríguez Pons al principio del reportaje.
El Ejecutivo se amparó en que el Congreso de la Nación omitió precisar las fuentes de financiamiento de la ley y en normas anteriores que congelan leyes con gastos hasta que se incluyan créditos presupuestarios. Sin embargo, Rodríguez Pons sostiene que esto es un fraude constitucional. «La Constitución obliga al Ejecutivo a promulgar la norma sin condiciones, especialmente después de que fue aprobada por el Congreso con abrumadora mayoría», fundamentó.

El objetivo: evitar daños irreparables
Más adelante, el abogado explicó que el principal objetivo del amparo es lograr la verdadera, genuina y total aplicación de la Ley de Discapacidad, lo que implica urgentemente la actualización de los nomencladores que definen los aranceles de los prestadores. «El nomenclador nacional lo define la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y precisamente con relación a los incrementos del IPC, está retrasado un 73%», confirmó el abogado Leandro Rodríguez Pons.
«Este desfase del 73% ha generado una crisis en el sector prestador. Los prestadores ya no pueden sostener los costos, tienen que pedir préstamos para pagar sueldos y, en algunos casos, están pidiendo a los padres que colaboren con insumos como papel higiénico», denunció.
«Se genera la inconstitucionalidad porque la aplicación de esas normas implica una afectación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que tiene una tutela constitucional preferente», argumentó.
«El argumento legal central es que, si bien el equilibrio fiscal es un objetivo deseado, no puede ser sostenido por los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas con discapacidad y los jubilados, un principio establecido por la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos», continuó exponiendo.

Incertidumbre en la Justicia
Si bien el abogado no puede precisar una fecha exacta de resolución, indicó que el planteo está a la espera de una definición de competencia, ya que existe un amparo colectivo previo presentado en Campana (provincia de Buenos Aires).
El equipo legal de Xumek solicitó una medida cautelar urgente junto con el amparo. «La intención es que el fallo se dicte con celeridad, incluso si el expediente se traslada a Campana, debido a la situación de emergencia que amenaza con producir daños irreparables en la salud de las personas con discapacidad», concluyó el letrado.