La reciente Resolución 37/2025, que modifica de manera estructural el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), encendió alarmas en FOEVA (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), que advierte que la medida «fue redactada sin comprender las tareas culturales del sector ni el impacto real en la cadena productiva».
Según la nueva normativa, el organismo solo controlará el producto final embotellado, dejando atrás la inspección de viñedos, cosecha, elaboración y fraccionamiento. Para FOEVA, este cambio implica un retroceso: «Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales», señala Daniel Romero, Secretario de Prensa de FOEVA.
Principales cambios del INV:
- Control solo del vino embotellado: se eliminan inspecciones presenciales en viñedos, cosecha, elaboración y fraccionamiento.
- Certificación optativa: origen, añada y varietal dejan de ser obligatorios.
- Riesgo de pérdida de trazabilidad.
- Fin de la aprobación de etiquetas por parte del INV.
- Sin grado alcohólico mínimo anual, se desregula un parámetro histórico del mercado.
- Relevamientos productivos pasan a Senasa, lo que fragmenta el sistema de control.
- Digitalización de trámites: reduce burocracia, pero sin controles complementarios.
Los impactos que señalan, puede traer para la cadena vitivinícola, son:
- Riesgo de informalidad y evasión al no existir controles de volumen cosechado.
- Pérdida de trazabilidad, clave para mercados internacionales.
- Debilitamiento del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, ligado al registro de quintales.
- Menor capacidad de fiscalización laboral en viñedos y bodegas.
- Posible caída en estándares de calidad y seguridad alimentaria.
La reforma también vuelve optativa la certificación de origen, añada y varietal, lo que deja sin control la cantidad de quintales cosechados y afecta de forma directa la validez del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Asimismo, la aprobación de etiquetas dejará de ser obligatoria y el grado alcohólico mínimo anual ya no será determinado por el INV.
Si bien la medida es presentada por el Gobierno como un proceso de modernización y reducción de burocracia administrativa, desde FOEVA destacan que la eliminación de controles presenciales en toda la cadena productiva abre la puerta a «mayores niveles de informalidad y evasión, afectando no solo a los trabajadores sino también a la transparencia de la industria».
Uno de los puntos más sensibles es la posible pérdida de trazabilidad en un producto que, durante la pandemia, fue catalogado como alimento por el propio sector privado para ser declarado actividad esencial. «Hoy, con esta reforma, se elimina justamente la lógica que protege a un alimento», remarcaron desde FOEVA.
La entidad sostiene que el nuevo esquema no solo compromete estándares de calidad y seguridad alimentaria, sino también la imagen del vino argentino en los mercados internacionales, donde la trazabilidad es un requisito fundamental.
Fuente: Jornada