Marta Maffei, ex diputada de la Coalición Cívica y autora de la Ley 26.639, defendió la actual legislación contra el nuevo proyecto de Glaciares impulsado por el Gobierno.
“Esta ley no es conveniente y no respeta nada de la legislación vigente. La Constitución Nacional establece presupuestos mínimos para todo el país. Viola el convenio 169 de la OIT. Es regresivo en los términos de los tratando ambientales vigentes”, expuso.
Y agregó que la normativa “tiene fachada de federalismo y logra discrecionalidad para que las provincias hagan cualquier cosa”.
“Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley. Hoy, aquí, el Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley. Su pretexto de modernización omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando esta farsa con pretensiones de audiencia pública», continuó.
“Es una farsa cuando sólo el 0,4% de los inscriptos puede hablar, y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar. ¡Por eso es una farsa!“, completó.
Qué establece la Ley de Glaciares
La norma fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 y fija los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Su objetivo principal es protegerlos como reservas estratégicas de agua para consumo humano, producción agropecuaria y recarga de cuencas, además de su valor para la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
Puntos centrales de la Ley de Glaciares vigente
- Declara a los glaciares bienes de carácter público.
- Extiende la protección al ambiente periglacial, que regula los recursos hídricos.
- Crea el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, que debe actualizarse al menos cada cinco años.
- Prohíbe actividades que alteren su estado natural, entre ellas, la liberación de contaminantes, la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y las obras de infraestructura no vinculadas a la investigación científica.
- Obliga a realizar evaluaciones de impacto ambiental con participación ciudadana.
- Establece sanciones que van desde multas hasta la suspensión de actividades, con responsabilidad para directivos de empresas infractoras.
Fuente: Canal 26