En los últimos días, asistimos a un fenómeno que roza lo tragicómico en los principales canales de noticias y portales de la capital. Se agita el fantasma de una «operación rusa» de descrédito contra el gobierno nacional, cuya inversión total —según los informes que circulan con tono apocalíptico— rondaría los 280 mil dólares. La cifra, que en el mercado inmobiliario apenas alcanzaría para la mitad de una de las casas que compró en los últimos meses el jefe de Gabinete Manuel Adorni, es presentada como una amenaza existencial a la democracia argentina.
Es, por lo menos, llamativo que los mismos medios de comunicación masiva que llevan décadas invirtiendo millones y millones de dólares en aceitadas maquinarias de «operación» a lo largo y ancho del país, hoy se descubran como guardianes de la pureza informativa. Durante años, hemos visto cómo se construyeron y destruyeron reputaciones, cómo se fogonearon corridas bancarias y cómo se instalaron climas de odio en cada calle y cada hogar del país, siempre en favor del bando que mejor garantizara los intereses de los dueños de esas mismas empresas. Esos recursos, que multiplican por mil la modesta cifra de la «trama rusa», nunca fueron denunciados como una interferencia a la voluntad popular.
Resulta extraño —o quizás demasiado previsible— que el escándalo brote justo cuando las críticas tocan la gestión de Javier Milei. Los mismos actores que en la previa electoral ejecutaron miles de campañas de desprestigio, diseñadas quirúrgicamente para que la derecha y sus aliados económicos volvieran a tomar el poder, hoy se presentan como víctimas de una campaña de difamación externa.
La verdadera operación no es la que viene de afuera, sino la que ocurre adentro y a plena luz del día. Es la operación del doble estándar: cuando el medio opera para el poder real, se llama «periodismo independiente»; cuando un discurso ajeno cuestiona ese orden, se llama «ataque a la seguridad nacional».
Esta sobreactuación mediática no busca proteger la verdad, sino blindar un relato que no tolera la disidencia, ni siquiera cuando ésta proviene de presupuestos que, comparados con el despliegue de los medios locales, resultan insignificantes.
La soberanía informativa no se pierde por un puñado de dólares extranjeros; se entrega cada mañana cuando la noticia se convierte en una mercancía para el mejor postor.