En un operativo de magnitud que marca un precedente en la investigación tecnológica regional, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la doctora Gabriela García Cobos, ejecutó una serie de allanamientos en distintos puntos de nuestro departamento para desarticular una sofisticada organización criminal dedicada a la estafa mediante el uso de tarjetas de crédito y el robo de identidad.
La investigación, que posee ramificaciones en todo el territorio nacional, estima que la banda habría damnificado a unos 800 titulares de tarjetas, alcanzando un perjuicio económico que ronda los 70.000 dólares.
El «modus operandi» y la ruta de los activos
Según detalló la fiscal García Cobos, la red operaba mediante los datos de las víctimas para realizar operaciones financieras ilícitas y obtener beneficios económicos directos. Sin embargo, el punto más relevante de la pesquisa radica en la maniobra de «lavado» de los fondos: el dinero obtenido de las estafas era transformado inmediatamente en criptoactivos.
Por este motivo, durante los procedimientos se realizó un avance tecnológico clave: por primera vez, los peritos lograron abrir dispositivos celulares en busca de billeteras virtuales para incautar las criptomonedas allí alojadas, buscando asegurar los fondos antes de que fueran transferidos a otras cuentas fuera del alcance judicial.
Resultados de los operativos
Los allanamientos arrojaron resultados positivos con el secuestro de una importante cantidad de material probatorio, entre los que se destacan numerosos teléfonos celulares, computadoras y equipamiento informático.
Además, el despliegue policial culminó con la aprehensión de dos sujetos en San Rafael. La situación procesal de los detenidos se vio agravada ya que, al momento de la irrupción de las fuerzas de seguridad, se les hallaron armas de fuego en su poder, por lo que, además de los delitos económicos y las estafas, deberán responder ante la justicia por la tenencia ilegal de armas.
La causa continúa mientras se analizan los dispositivos secuestrados, no descartándose nuevas detenciones en otros puntos del país, dado el alcance nacional de la red delictiva. Las actuaciones quedaron centralizadas en la Oficina Fiscal correspondiente bajo la supervisión directa de la Unidad de Delitos Económicos.