La conmemoración de un nuevo Día del Periodista nos convoca, en este 7 de junio de 2026, a una reflexión profunda que excede con creces la formalidad de la efeméride. No hay espacio para las celebraciones de laboratorio ni para los discursos complacientes; la profesión atraviesa uno de los momentos más complejos y opacos desde el advenimiento democrático, cercada por la asfixia económica que imponen los grandes grupos de poder y por una sistemática campaña de hostilidad discursiva que busca demoler la credibilidad de quienes ejercemos el oficio de preguntar.

El escenario nacional se ha vuelto abiertamente hostil para el ejercicio de la prensa libre. Asistimos a una preocupante fisonomía de la intolerancia, donde las agresiones y descalificaciones permanentes hacia el trabajo periodístico bajan de manera directa desde las más altas esferas del poder central. La alarmante sentencia presidencial orientada a señalar que «no se odia lo suficiente a los periodistas» no constituye una simple provocación para las redes sociales; representa una directiva doctrinaria peligrosa que busca disciplinar las voces disidentes y obturar el debate público. Intentar convertir al mensajero en el enemigo público es una estrategia histórica del autoritarismo para eludir la rendición de cuentas y gobernar sin los contrapesos institucionales que exige una república legítima.

Frente a este vendaval centralista, la tarea de informar en el interior del interior adquiere un valor civil verdaderamente heroico. En latitudes como la nuestra, el periodismo local funciona como un faro casi solitario en la tarea de poner en evidencia los desatinos, las corruptelas y las deudas pendientes de la dirigencia política y económica. Aquí, donde el periodista comparte el almacén, la vereda y la escuela con sus vecinos, la responsabilidad es doble. No se informa desde la distancia aséptica de un estudio de la Capital Federal; se narra la realidad de la propia comunidad, asumiendo los costos personales y profesionales que implica confrontar al poder.

Por esta razón, hoy más que nunca, resulta indispensable que la propia comunidad asuma la defensa activa de sus medios de comunicación locales. Son estas estructuras intermedias, arraigadas en el territorio, las únicas capaces de comprender la idiosincrasia lugareña, de priorizar los temas propios por sobre la agenda de laboratorio que imponen los algoritmos porteños. Una comunidad que permite el silenciamiento o la desaparición de sus medios locales se condena a la ceguera y al desamparo informativo, quedando a merced de la propaganda oficial o del desinterés de los grandes conglomerados.

Celebrar el periodismo hoy es defender la persistencia de esa mirada crítica y cercana. A pesar del asedio, de las presiones corporativas y del desprecio institucionalizado, el compromiso ético con la verdad de los hechos sigue siendo nuestra única trinchera. El tejido social del sur mendocino necesita de sus periodistas para seguir mirándose al espejo con dignidad; proteger ese faro es una tarea colectiva que no podemos postergar si pretendemos habitar una sociedad genuinamente libre.