Cuando a finales de 2023 la administración de Javier Milei decretó la derogación de la Ley de Alquileres, el dogma liberal se presentó ante la sociedad como una panacea indiscutible: la eliminación de las regulaciones estatales bastaría para que la libre competencia, por el propio peso de la oferta y la demanda, equilibrara el mercado. La teoría académica aseguraba que, al desaparecer las trabas y los plazos impositivos, la proliferación de inmuebles disponibles forzaría una baja en los cánones locativos. Hoy, con los contratos de la vieja normativa formalmente extintos y el escenario de absoluta desregulación consolidado, la realidad fáctica desmiente el manual abstracto.
En la práctica, el stock de propiedades en alquiler efectivamente se incrementó de manera notable, revirtiendo la parálisis de los años previos. Sin embargo, la premisa de la reducción de precios quedó sepultada por la inercia inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo. En San Rafael, el costo de alquiler para una casa familiar promedio se sitúa hoy en torno al millón de pesos mensuales. Semejante cifra expone una brecha dramática y alarmante con la matriz salarial del mercado laboral local, donde los ingresos de los empleados de comercio, estatales, docentes y trabajadores independientes se encuentran a una distancia sideral de poder cubrir la renta básica sin sacrificar la subsistencia misma. La vivienda, antes que un bien accesible, se ha transformado en un factor de asfixia económica para las familias sanrafaelinas.
En medio de este escenario, emerge una singular paradoja en el sector corporativo. Las cámaras inmobiliarias, que en su momento aplaudieron con entusiasmo la desregulación total del mercado locativo en nombre de la libertad económica, hoy observan con profunda preocupación las intenciones del Poder Ejecutivo nacional de avanzar en la desregulación de su propia actividad profesional. La posibilidad de que se flexibilicen las exigencias de matriculación o las exclusividades en la intermediación ha encendido las alarmas en un sector que hasta ayer consideraba al Estado como un enemigo natural del comercio.
Esta postura introduce un interrogante insoslayable sobre la coherencia ideológica de los actores económicos: ¿asistimos a una doble vara sectorial? Pareciera aceptable y beneficioso liberar los precios cuando la soga aprieta el cuello del eslabón más débil, que es el inquilino desprotegido, pero el libre mercado deja de ser una panacea cuando amenaza los privilegios, los aranceles y el estatus de las estructuras profesionales tradicionales.
La realidad del departamento demuestra que la sola proliferación de carteles de «alquila» en las avenidas locales no soluciona el problema de fondo si la comunidad no dispone de ingresos reales para afrontar las pretensiones del sector propietario. Sin herramientas de mediación ni un marco de previsibilidad elemental, la total desregulación no ha traído el alivio prometido, sino una transferencia de recursos que debilita aún más el tejido social y deja en evidencia que la famosa mano invisible del mercado suele ser sumamente selectiva a la hora de repartir sus beneficios.