La economía de la provincia de Mendoza atraviesa un prolongado período de letargo estructural que reaviva con fuerza el debate en torno a la necesidad de diversificar sus sectores históricos. El más reciente informe de coyuntura elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea filial Cuyo —desarrollado por los economistas locales Gustavo Reyes y Jorge Day— ratifica una marcada meseta en los niveles de actividad, empleo y salarios reales que se arrastra desde hace 15 años. El declive del consumo global y local de vino, la descapitalización de las cuencas petroleras tradicionales y el fuerte peso de la recesión nacional configuran un escenario complejo para el entramado local. Ante este panorama, Jorge Day, economista senior del instituto, analizó las variables condicionantes de la geografía y la infraestructura provincial, los límites de las reformas impositivas aisladas y advirtió sobre las asignaturas pendientes en la asignación estratégica de los fondos públicos.
Quince años de letargo y la comparación con el modelo extractivo regional
El análisis comparativo con jurisdicciones vecinas expone cómo las provincias que dependen de sectores convencionales sufren de manera lineal el impacto del estancamiento macroeconómico nacional. «Como se viene comentando en la provincia, existe una sensación de estancamiento tremendo. Uno puede notarlo de manera directa en los ingresos familiares al percibir que la realidad económica actual no es tan favorable como en años atrás; esto genera toda una discusión, especialmente a nivel político, sobre si Mendoza debiese cambiar de forma urgente su estructura productiva. La gente observa con atención el caso de Neuquén y el fuerte dinamismo de Vaca Muerta, donde la actividad se mueve de forma acelerada, se generan más empleos, los salarios mejoran y el comercio se expande. Algunos sectores plantean que la minería podría inyectarle ese mismo empuje a la economía mendocina, considerando que nuestra provincia es sumamente vitivinícola, en un contexto donde el consumo mundial y nacional de vinos viene cayendo, y el petróleo ya no tiene los niveles de tracción que ostentaba en épocas pasadas», dijo Jorge Day al inicio del reportaje.
«El informe del IERAL concluye que es fundamental diferenciar cómo se mueven las economías provinciales. Históricamente, la dinámica de las jurisdicciones depende de manera principal del desempeño del país: si a la Nación le iba bien, la mayoría de las provincias progresaba, y cuando le iba mal, caían todas. La República Argentina lleva 15 años estancada; caemos un año, nos recuperamos levemente al siguiente, pero la tendencia es claramente decreciente. Existe una fuerte presión del contexto nacional que nos arrastra. Sectores como la agricultura o el petróleo tradicional pueden elevarte de escalón si tienen un rendimiento extraordinario, como le sucede a Neuquén con su riqueza petrolera a pesar de compartir los mismos problemas nacionales, pero ese tipo de dinámicas excepcionales no son tan fáciles de encontrar en el mapa», consideró al respecto.
Rigidez estructural y la transición global del agro hacia el uso intensivo de capital
Las dinámicas macroeconómicas asociadas a la baja de la inflación y la apreciación cambiaria imponen severos desafíos de rentabilidad y costos logísticos a los productores primarios de Mendoza. «La situación económica general está muy complicada, especialmente para las actividades tradicionales, por lo que se vuelve recurrente el reclamo de cambiar la matriz productiva. La realidad es que las estructuras económicas son sumamente difíciles de transformar porque dependen de variables muy rígidas: la disponibilidad de recursos naturales, la localización geográfica —donde Mendoza padece la distancia con Buenos Aires y las casas matrices, aunque conserva la ventaja de su conectividad con Chile y Brasil para la agroindustria— y las características de su mercado interno. Proponer para Mendoza, por ejemplo, el desarrollo de una industria automotriz sería totalmente antieconómico para cualquier corporación. La minería puede aportar un empuje real, pero representa un proceso de maduración mucho más lento que debe sopesar y controlar rigurosamente los riesgos ambientales», observó el economista.
«A nivel subnacional el margen de acción es acotado, aunque se puede trabajar en la reducción de tasas impositivas y en la optimización de la infraestructura logística. Llevamos décadas discutiendo los problemas de los puertos secos y los pasos hacia Chile. Por otra parte, existen tendencias internacionales que no juegan a nuestro favor: a nivel mundial, los servicios —financieros, turísticos y energéticos— ganan un peso relativo muy superior al de la producción de bienes primarios. En el plano local, si la actual política nacional logra consolidar la baja de la inflación, el dólar tenderá a abaratarse y los costos internos en divisas se elevarán, lo que golpea directo al agro y la industria», advirtió ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
«En el mundo, el agro migró hacia un modelo intensivo en capital y tecnología; el nuestro sigue siendo muy intensivo en mano de obra. Modernizarlo requiere un financiamiento y una rentabilidad que hoy el productor no tiene, volviendo a este proceso algo lento y sufrido», indicó.
Inversiones y la asignación institucional de los fondos de Portezuelo del Viento
Finalmente, el analista del IERAL señaló que los regímenes de incentivos fiscales tropiezan con la falta de previsibilidad política y cuestiona la metodología distributiva aplicada sobre el histórico resarcimiento financiero de la provincia. «La República Argentina y Mendoza poseen un potencial de inversión enorme, pero los capitales de envergadura no terminan de radicarse en el territorio. Esto ocurre porque el país acarrea un prontuario institucional complejo: asume una administración con una orientación económica, y el gobierno subsiguiente altera de forma total las reglas del juego vigentes. Actualmente conviven dos grandes bloques políticos con visiones diametralmente opuestas sobre la propiedad y el mercado. Un empresario que evalúa invertir su capital no tiene certezas de si va a perder sus recursos ante un giro electoral que altere los precios de sus productos o modifique los marcos regulatorios. Para mitigar esto, es más sustancial construir consensos de estabilidad institucional de largo plazo, como ocurrió en la transición democrática de Chile, que diseñar un régimen de incentivo como el RIGI o el RIMI de forma aislada», apuntó.
«Bajo el actual escenario de escasez de recursos, la prioridad gubernamental debiera centrarse en remover obstáculos burocráticos y asistir a los sectores productivos y laborales más vulnerables que están perdiendo terreno en la transición sectorial, ayudándolos a reconvertirse. Respecto al uso que la provincia determinó para los 1.023 millones de dólares del resarcimiento de Portezuelo del Viento, estamos ante un stock de dinero excepcional; un capital que si se gasta, se termina de forma definitiva. En la ciencia económica, la regla fundamental para aplicar fondos de esta envergadura exige realizar una evaluación técnica, económica y social cruzada de todos los proyectos presentados por los municipios y sectores para determinar científicamente cuál genera el mayor impacto positivo. Lamentablemente, esa evaluación no se realizó y se optó por un criterio de distribución política territorial entre los departamentos. Los proyectos se van a ejecutar, pero tengo serias dudas de que este mecanismo de asignación logre una mejora estructural y perdurable para la provincia», objetó Jorge Day al finalizar la comunicación con nuestro medio de comunicación.