La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, se refirió a distintos temas de alto impacto provincial en una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos 94.5. Entre los asuntos que abordó estuvieron la implementación de una Ley Hojarasca en la provincia, inspirada en la iniciativa nacional que impulsa Federico Sturzenegger, el estado actual de las centrales hidroeléctricas de Nihuiles, la polémica por el uso de celulares en las cárceles y la controversia entre el municipio sanrafaelino y el Gobierno provincial por el abordaje de la seguridad.

En relación con el proyecto de Ley Hojarasca, Casado explicó que desde su asunción como vicegobernadora uno de sus principales objetivos fue avanzar en un digesto legislativo que permita ordenar y depurar la normativa vigente. “Mendoza no cuenta con un digesto, que es un índice de leyes vigentes y no vigentes. Entonces, a veces es dificultoso conocer con certeza la legislación vigente. Por lo cual, cuando ingresé como vicegobernadora, uno de los objetivos fue hacer ese digesto”, detalló.

Casado explicó que para lograrlo se tomó como modelo la ley nacional que lidera Sturzenegger: “Me puse en contacto con él y con su equipo y ellos nos dieron las directivas de cómo ellos habían trabajado para hacer esa ley hojarasca. Y bueno, empezamos a implementar esa misma metodología acá en nuestra Legislatura”.

La primera etapa de este trabajo abarca la revisión de toda la legislación previa a 1950. “Se van a derogar 77 leyes de 102 que se revisaron, que obviamente estaban vigentes aún, pero el tiempo, la tecnología y otro tipo de leyes ya las habían dejado obsoletas”, sostuvo.

Entre los ejemplos más llamativos de leyes desactualizadas, mencionó: “Había cosas muy llamativas, como que se sacaba un impuesto al consumo de vino en la provincia de Mendoza. Creo que esa era hasta contradictoria con la actividad económica productiva de la provincia”. Además, hizo referencia a leyes laborales caducas: “Cuestiones que tienen que ver con registros de actividades que ya no existen, con registros de acciones o de tareas que hoy no se realizan”.

La vicegobernadora anticipó que el objetivo es tener toda la normativa revisada antes de fin de año y anunció que el resultado estará disponible de forma accesible: “Queremos dejar una forma ágil y fácil de leer la normativa vigente a través de la página de la Legislatura, que sea fácil llegar a la normativa vigente, poder tener links a las leyes y que haya una explicación de las mismas”.

Nihuil 2 y 3

Por otro lado, Casado se refirió a la situación crítica de las centrales Los Nihuiles, inactivas desde el fuerte temporal de enero. Explicó que el conflicto involucra a la empresa concesionaria y a la aseguradora: “La empresa que tiene la concesión está llevando una pelea con los seguros para que esa cobertura ayude a la reparación de las mismas”, pero aclaró que “el Gobierno provincial no le está sacando la cola a la jeringa y está trabajando en proyectos a corto, mediano y a largo plazo para resolver el problema”.

En ese sentido, detalló: “Por un lado estaba pensado desde antes el anillado eléctrico, que ya ha sido anunciado antes de que pasara esto con Los Nihuiles, y además se va a hacer una línea nueva. Hay tres opciones que se han planteado desde los equipos técnicos y estamos viendo cuál es la que resuelve el problema más rápido”.

Celulares en manos de presos

En un tono mucho más crítico, apuntó con dureza contra el juez Sebastián Sarmiento, quien resolvió un habeas corpus para permitir el uso de celulares en las cárceles provinciales. “Desde el Gobierno venimos haciendo un trabajo muy intenso de modificar la normativa para poder reprimir el delito de forma más eficaz, y algunos jueces que vienen de la línea ‘zafaroniana’, con inclinaciones kirchneristas y esa visión garantista hacia los delincuentes, hacen estas cosas que retroceden todo el trabajo que venimos haciendo”, denunció.

Casado recordó que la Corte ya se había expedido sobre el tema, y que el uso de celulares dentro de las cárceles fue permitido durante la pandemia por decisión del Gobierno nacional. “Sabemos que desde esos celulares se cometen delitos. Estábamos avanzando en sacarlos y aparece este juez garantista. Es como escribir y borrar atrás de lo que se escribió. La verdad que da mucha bronca”, expresó.

Y agregó: “Si van a poder seguir delinquiendo a través de un celular desde la cárcel, ¿para qué lo metemos preso? Encima le damos de comer. Este tipo de acciones, desde jueces garantistas con esta teoría ‘zafaroniana’ donde los delincuentes son pobres víctimas de la sociedad, no sirven. La gente que hacemos las cosas bien no vamos presos”.

Incluso deslizó la posibilidad de una acción institucional: “Este mismo juez fue el que liberó presos durante la pandemia y uno de ellos mató a un comerciante en Maipú. Estamos pensando en hacer alguna acción contra el juez”.

Seguridad

Por último, la vicegobernadora respondió a la reciente polémica entre el Gobierno provincial y el Ejecutivo municipal de San Rafael por el tratamiento de la seguridad. “Hay 16 de los 18 departamentos que colaboran con la seguridad de diferentes formas, a través de centros de monitoreo, cuerpos de preventores, alarmas comunitarias y que han firmado convenio con el Ministerio de Seguridad”, afirmó.

Casado indicó que el planteo a los municipios no es nuevo y remarcó que la Provincia está invirtiendo recursos para combatir el narcotráfico: “Sabemos que hay kioscos de droga, que hay bandas narco que se están instalando en diferentes lugares de la provincia, entre ellos San Rafael, y el Gobierno provincial está haciendo un trabajo muy fuerte para combatir eso, con más móviles, cámaras, agentes, inteligencia criminal y trabajo conjunto con las fuerzas nacionales”.

Y concluyó: “Los municipios tienen que entender que la seguridad también los involucra”.