El jurista Carlos Nino, en «Un país al margen de la ley», un libro publicado en los años 90, decía que en Argentina “nadie puede tirar la primera piedra en su relación con la ley”, porque todos estamos inmersos en un equilibro social en el que, de alguna forma, sin darnos cuenta del perjuicio que causamos, violamos alguna dimensión de la ley.
Nino hablaba de una «anomia boba» para definir a esa situación en la cual hay violaciones de la ley, sin entender que eso nos perjudica a todos, que implica una serie de resultados problemáticos para todos.
En ese sentido, finalmente ilegal, marchamos casi a diario tanto los integrantes de la clase dirigente como los ciudadanos comunes. Está claro que quienes ocupan los puestos dirigenciales dentro de una comunidad tienen una responsabilidad mayor que los administrados. Esto es, si bien todas las actuaciones y aportes son importantes, a quienes se les ha otorgado el mandato de comandar con sus acciones públicas los destinos de la comunidad deben ser muy prudentes en sus decisiones –y hacerse cargo de ellas-, puesto que las mismas afectarán a quienes no tienen la prerrogativa del mando. Que un funcionario público –que como tal debiera tender al bien común- realiza en forma ilegal su tarea, la idea de lograr una sociedad más justa encuentra en su camino un escollo casi fatal.
Sin embargo, los ciudadanos comunes, la sociedad civil, también tenemos responsabilidades a la hora de hacer nuestro aporte a una mejor comunidad cumpliendo la normativa.
La reciente celebración de la Navidad puede mostrarse como un ejemplo de cómo muchos ciudadanos sanrafaelinos no cumplen su parte en ese contrato social. Y es que la utilización de pirotecnia, cuando ello está prohibido, volvió a ser la constante, convirtiéndose en un claro ejemplo de lo mal que hacemos las cosas y de cómo el original objetivo comunitario de lograr el bienestar de todos y cada uno de nosotros es, demasiadas veces, menoscabado.