La fallida sesión de las últimas horas en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo nacional no logró reunir los avales para tratar el proyecto de ley denominado dudosamente como «de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», ofrece una lectura política tan aguda como inquietante.

Según se estima en los pasillos parlamentarios, el fuerte sentimiento patriótico y la euforia colectiva que ha generado la Selección Nacional tras ganarle a Inglaterra y meterse en la final del Mundial paralizó las manos de varios legisladores. Ninguno de ellos quiso quedar «pegado» a la sanción de una norma de fuerte tinte entreguista en el preciso momento en que la fibra soberana del país se encuentra a flor de piel.

Sin embargo, sería un grave error de diagnóstico confundir este repliegue táctico con una victoria definitiva. Nada asegura que el proyecto no sea desempolvado y aprobado una vez que baje la espuma del Mundial, cuando la atención pública regrese a la pesada apatía de la rutina argentina de estos años.

En detalle, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional esconde una reforma estructural que promueve la eliminación total de los límites vigentes para la extranjerización de la tierra, facilitando los desalojos exprés y suprimiendo las restricciones de uso sobre suelos degradados por incendios. La normativa vigente establece un tope del 15% para los campos en manos extranjeras y un límite estricto de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; ambas salvaguardas ambientales y geopolíticas serían barridas por completo. Esto habilitaría la compra irrestricta de áreas de incalculable valor natural y estratégico, tales como cuerpos de agua dulce, bosques nativos y zonas de seguridad fronteriza.

El texto parece redactado a la medida de grandes empresarios extranjeros interesados en quedarse con tierras estratégicas a precio de saldo. No existe en su articulado un solo beneficio tangible para las provincias o los municipios del interior profundo. Lejos de incentivar el arraigo o potenciar la producción de las economías regionales, la ley promueve la concentración y la timba financiera del suelo, convirtiendo un recurso soberano en un simple activo de especulación global.

Para Mendoza, donde la defensa de los recursos hídricos y la propiedad rural familiar son pilares de la subsistencia comunitaria, el avance de esta ley representaría un golpe letal. La tierra y el agua son soberanía, no mercancías de liquidación. Mientras el país se distrae legítimamente con la épica de la pelota, el territorio clave que define nuestro futuro sigue estando en la mira de un mercado que no conoce de banderas.

Solo queda por observar cómo actúan frente a la iniciativa los legisladores nacionales que, en teoría, nos representan.