El abogado Nicolás García Bistué aseguró que aumentó la mora entre los tomadores de créditos hipotecarios UVA y que cada vez más familias recurren a la Justicia ante el crecimiento del capital adeudado. También señaló que ya existen causas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y podrían marcar el futuro de miles de deudores.
A casi una década de la implementación de los créditos hipotecarios UVA, la situación de muchas familias que accedieron a ese sistema para comprar, construir o ampliar una vivienda continúa complicándose. Lejos de estabilizarse con la desaceleración de la inflación registrada durante los últimos meses, el problema sigue profundizándose debido a la actualización permanente del capital adeudado, un mecanismo que, según especialistas y numerosos fallos judiciales, terminó generando deudas que en muchos casos superan ampliamente el valor de las propiedades adquiridas.
En ese contexto, el abogado mendocino Nicolás García Bistué, quien representa a decenas de deudores en la provincia y participa de una red nacional de profesionales que litigan este tipo de causas, sostuvo que el escenario es cada vez más preocupante y que el incremento de la mora está acompañado por un fuerte crecimiento de las demandas judiciales contra las entidades financieras.
Bistué afirmó en Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que la realidad de los créditos UVA dista de la imagen que, a su entender, intentan transmitir algunas entidades bancarias. «La situación se ha agravado mucho más de lo que intentan comunicar los bancos. La mora ha aumentado considerablemente y eso también se refleja en la cantidad de juicios que se están presentando en todo el país», señaló.
El letrado explicó que mantiene contacto permanente con abogados de distintas provincias para intercambiar información sobre nuevas demandas, resoluciones judiciales y criterios adoptados por los distintos tribunales. «Solo en Mendoza llevo más de 60 juicios contra bancos vinculados con créditos UVA, pero en todo el país se siguen presentando acciones porque muchos créditos se volvieron directamente impagables», aseguró.
Uno de los aspectos que García Bistué considera más preocupantes del sistema es que la actualización no alcanza únicamente a la cuota mensual, sino también al capital adeudado. Según explicó, ese mecanismo provoca que, aun después de varios años de cumplimiento puntual de las obligaciones, muchas familias deban hoy cifras muy superiores al monto originalmente recibido. «Lo preocupante no es solamente que aumente la cuota. En los créditos UVA lo que se actualiza permanentemente es el capital. Esa es la gran diferencia con otros préstamos», indicó.
Para graficar la magnitud del problema, expuso un ejemplo que, según afirmó, se repite entre numerosos deudores. «Hay personas que solicitaron un crédito de 2 millones de pesos en 2018 y, después de pagar todas las cuotas durante ocho años sin atrasarse nunca, hoy deben alrededor de 200 millones de pesos«. A su entender, la consecuencia más grave es que muchas familias ya no solo enfrentan cuotas cada vez más elevadas, sino que además registran una deuda superior al valor de mercado de la vivienda adquirida. «Hay gente que después de ocho años pagando debe mucho más de lo que vale hoy la casa que compró», remarcó.
Frente a ese escenario, cada vez más tomadores de créditos optaron por acudir a la Justicia. García Bistué explicó que ya existen numerosas sentencias tanto en primera como en segunda instancia, aunque los criterios todavía no son uniformes. «Hay fallos favorables para los deudores y otros que respaldan la postura de los bancos. Todavía no existe un criterio único», señaló. No obstante, aclaró que las resoluciones que benefician a los hipotecados no eliminan la obligación de pagar el préstamo ni implican subsidios estatales. Según explicó, lo que la mayoría de esas sentencias dispone es modificar el mecanismo de actualización. «Lo que plantean los jueces es que la deuda deje de ajustarse por el índice UVA y pase a actualizarse mediante el Coeficiente de Variación Salarial, que era justamente uno de los parámetros que se difundían cuando estos créditos fueron lanzados.» De esa manera, la evolución de las cuotas y del capital quedaría vinculada al crecimiento de los salarios y no exclusivamente al índice utilizado para calcular el valor UVA.
El abogado también explicó que el recorrido judicial depende de la entidad financiera que otorgó el préstamo. Los créditos concedidos por bancos privados tramitan en la Justicia provincial, mientras que los reclamos contra el Banco Nación son competencia de la Justicia Federal. «Eso hace que existan criterios distintos según la jurisdicción en la que tramite cada causa», indicó. Recordó además que alrededor del 70% de los créditos UVA fueron otorgados por el Banco Nación, motivo por el cual la mayor parte de los expedientes se encuentran en el ámbito federal.
Uno de los datos más relevantes es que algunos expedientes ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. García Bistué mencionó, entre otros, un caso originado en Misiones y otro correspondiente a Mendoza. En ambos expedientes, explicó, tanto los jueces de primera instancia como las cámaras de apelaciones resolvieron a favor de los deudores. «Los bancos recurrieron esas decisiones y ahora será la Corte Suprema la que deba fijar un criterio definitivo.» Sin embargo, reconoció que no existe certeza sobre los plazos ni sobre el sentido que tendrá esa resolución. «No sabemos cuándo resolverá la Corte ni cuál será finalmente su criterio.» A pesar de esa incertidumbre, consideró que el hecho de que dos causas provenientes de distintas provincias hayan obtenido fallos favorables en las dos primeras instancias constituye un antecedente alentador para quienes mantienen litigios similares.
Finalmente, el abogado pidió que la problemática no desaparezca de la agenda pública, ya que considera que miles de familias continúan atravesando una situación crítica. «Muchas veces se instala la idea de que como bajó la inflación el problema terminó, pero ocurre exactamente lo contrario. Es un problema acumulativo que sigue agravándose con el paso del tiempo», sostuvo. Para García Bistué, la resolución que eventualmente adopte la Corte Suprema podría convertirse en un punto de inflexión para miles de deudores hipotecarios de todo el país, que esperan una definición capaz de aportar previsibilidad después de años de litigios y de una deuda que, en muchos casos, continúa creciendo pese al cumplimiento regular de las cuotas.