Tras la reunión realizada días atrás entre la Sociedad Rural e integrantes del gobierno provincial, en las últimas horas ingresó a la legislatura un pedido de informes sobre la situación de afección que generan las catas en los cultivos sanrafaelinos.
El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo que informe qué acciones está llevando adelante para controlar el avance de esta especie, luego de los reclamos de productores que advierten pérdidas en cultivos de frutales de carozo, olivos, almendros y maíz.
La iniciativa busca conocer si el Ministerio de Energía y Ambiente tomó intervención ante la situación planteada por los productores y cuáles son las medidas concretas que se encuentran vigentes para el departamento y el resto del Oasis Sur.
Uno de los principales interrogantes que plantea la iniciativa tiene que ver con las herramientas disponibles para combatir la plaga. Si bien la cata común se declaró plaga de la agricultura en toda la provincia mediante una resolución del Iscamen en 2020, el proyecto advierte que las medidas específicas de control comenzaron a implementarse a partir de una declaración de 2017 que solo alcanzó a departamentos del Norte y el Este mendocino.
HERRAMIENTAS DISUASIVAS
En ese contexto, se solicita al Ejecutivo que aclare si esas herramientas operativas también se aplican en el sur de la provincia.
El pedido de informes también apunta a conocer el estado del plan de manejo que se anunció públicamente para enfrentar el problema. Entre otros aspectos, requiere saber si dicho plan fue aprobado formalmente, cuál es su alcance territorial y qué medidas contempla, como la instalación de barreras disuasorias, el retiro de nidos durante los períodos habilitados o la utilización de control biológico mediante aves rapaces.
Asimismo, solicita información sobre la existencia de estudios oficiales que cuantifiquen las pérdidas productivas ocasionadas por la cata en el Oasis Sur.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre la protección de la producción agrícola y la conservación de la fauna silvestre, mediante políticas públicas respaldadas por información técnica y criterios científicos.