El entramado productivo y empresarial de la vitivinicultura argentina se encuentra en estado de máxima alerta tras la convergencia de dos decisiones que tensionan la estructura de costos y el marco regulatorio del sector. Por un lado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dispuso un incremento del 90% en sus aranceles operativos para alcanzar el autofinanciamiento, una medida que ha generado un amplio rechazo por considerarse desproporcionada ante la reducción de los controles de fiscalización en bodegas. Por otro lado, y con mayor preocupación en las entidades gremiales, la difusión de un anteproyecto de ley de desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —con el respaldo de las autoridades del INV— propone modificaciones de fondo a la Ley Nacional de Vinos N° 14.878. Las reformas planteadas incluyen la autorización para elaborar vino a partir de mosto, la mezcla de caldos locales con importados y la eliminación de la información estadística oficial sobre stocks.
Pablo Asens, vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y presidente de la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina, analizó los riesgos de estas iniciativas, cuestionó la oportunidad del aumento arancelario y anticipó las gestiones institucionales ante gobernadores y legisladores nacionales.
Rechazo al aumento del 90% en aranceles y la reducción de controles
Desde las entidades de la producción señalan que la estructura de costos del INV siempre se autosustentó con la recaudación del sector alcoholes y que la suba actual no guarda relación con las prestaciones del organismo. «El Instituto Nacional de Vitivinicultura siempre fue un organismo que se autofinanció, sobre todo porque su mayor recaudación proviene de los aranceles que le cobra a la industria del alcohol. El INV no solamente regula lo que es la parte de vinos, sino toda la elaboración de alcohol en la Argentina, ya sea de vino o de cereales, que es donde ingresa el grueso de su recaudación. Un aumento del 90% en estos momentos me parece que está totalmente fuera de circunstancia y no corresponde», sentenció de entrada Pablo Asens.
«El propio presidente del INV, Carlos Tizio, ha sido históricamente el principal crítico cuando la Corporación Vitivinícola aumentaba las contribuciones. Hoy, subir un 90% los aranceles es algo totalmente fuera de foco, sobre todo cuando la estructura del organismo se ha achicado muchísimo y la función del personal, a partir de las resoluciones de principios de año, se redujo a lo básico, sin controles ni inventarios en bodega. Si el personal que necesita el INV es mínimo, este incremento resulta desacertado«, argumentó.
El anteproyecto de desregulación: cambios estructurales y riesgo de concentración
Las reformas propuestas a la Ley 14.878 abren la puerta a la elaboración de vino con mosto refermentado y a la importación masiva de excedentes internacionales, amenazando la previsibilidad de los pequeños y medianos productores. «La preocupación mayor de la industria no está en el 90% de aumento, sino en el nuevo anteproyecto de ley en el que trabaja el ministro Sturzenegger junto con las autoridades del INV. Pretenden modificar artículos centrales de la Ley de Vinos N° 14.878 que ponen en jaque la sostenibilidad del sector. Cambian la definición del concepto del vino para permitir la elaboración a partir de mosto, algo prohibido en casi todos los países vitivinícolas del mundo, lo que afectaría de forma directa la previsibilidad de los stocks», afirmó Asens.
«El proyecto contempla además que si se importa vino de otros países se pueda mezclar con vino argentino. Eso va a permitir que todo el stock excedente del mundo termine cayendo en la Argentina. A esto se le suma la intención de eliminar la información estadística que brinda el INV, dejándonos en una ceguera total para conocer los stocks vínicos y previsionar herramientas de nivelación. No sé si estas personas no entienden la industria o si están trabajando para un grupo reducido de bodegas que se van a beneficiar con este esquema, pero esto va a terminar de destruir la producción vitícola argentina y a los jugadores chicos y medianos», declaró ante los micrófonos de FM Vos 94.5.
Gestiones políticas y el límite de las desregulaciones en la agroindustria
Frente a la inminente entrada del proyecto al Congreso Nacional, las instituciones vitivinícolas preparan una estrategia de articulación federal con los gobiernos provinciales y legisladores de las provincias productoras. «Nos enteramos de este anteproyecto esta semana y, en cuanto sea presentado formalmente en las comisiones del Congreso, trabajaremos haciendo el lobby necesario con los legisladores de las provincias vitivinícolas y con los gobernadores para depurar el texto. Sabemos que a veces existe una verticalidad partidaria más allá de los intereses de la provincia, pero nuestra responsabilidad es caminar los pasillos y dialogar con los representantes para defender la actividad», aseveró el vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina.
«Esperamos contar con el apoyo del gobierno provincial y del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien viene del sector y comprendió en su momento la necesidad de mantener herramientas clave como el comprobante de ingreso de uva. Los empresarios queremos un país con menos trabas burocráticas y menos burocracia, pero no podemos pendular hacia un extremo de apertura masiva que desproteja a la agroindustria y a las pymes. Esta película ya la vivimos dos veces en la Argentina y conocemos muy bien las consecuencias destructivas que genera sobre el tejido productivo», expresó al cierre de la entrevista.