La vitivinicultura argentina atraviesa una de las crisis institucionales y productivas más severas de su historia reciente, empujada por una combinación de incrementos arancelarios en el organismo de control de la actividad, propuestas de desregulación profunda y una marcada centralización de las decisiones políticas en la Capital Federal. La reciente decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de elevar casi un 90% los aranceles para trámites clave como los análisis químicos y microbiológicos obligatorios —bajo el argumento de alcanzar el autofinanciamiento operativo sin asistencia del Tesoro Nacional— encendió las alarmas de la cadena de valor.
Desde el sector señalan que esta medida, lejos de fomentar la competitividad pyme, se enmarca en una ofensiva legislativa y normativa promovida por firmas concentradas —vinculadas principalmente al negocio de las bebidas industriales y la cerveza— para modificar la definición legal del vino, eliminar la obligatoriedad del fraccionamiento en origen y habilitar la fermentación continua de mostos. Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), analizó el impacto económico de esta reconfiguración, advirtió sobre el desmantelamiento de la trazabilidad del producto y exigió un «despabilamiento» urgente del sector privado, los legisladores y los gobiernos provinciales de la región.
Desfinanciación y desregulación: la pérdida de centralidad y trazabilidad regional
El incremento de los costos administrativos por parte del INV responde a una política de retiro estatal que desvirtúa las funciones fiscalizadoras básicas y arriesga el prestigio geográfico de la producción mendocina. «Todo esto se encuadra dentro de un contexto que responde a cuál es el rol del instituto. Obviamente es un organismo que tiende a desaparecer, porque la retribución por análisis y el arancelamiento de trámites responde a una contraprestación real. No podés agarrar el presupuesto total de gastos operativos y deudas del Estado Nacional, dividirlo de forma arbitraria y trasladarlo a los aranceles de las bodegas, porque vuelve al sistema absolutamente irracional. Es una retirada absoluta del INV, que además ni siquiera cumple sus funciones básicas, como entregar el comprobante de ingreso de uva o los datos del formulario 605 para saber cuánto vino o mosto se cosechó», planteó de entrada Sergio Villanueva.
«Esta iniciativa no es una desregulación genuina; cualquiera que haya pasado por una Facultad de Ciencias Económicas conoce la diferencia. Esto es directamente un cambio de las reglas de juego. En estos días se conoció el proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional que cambia la definición legal del vino, permite el corte con vinos extranjeros, elimina la ley de envasado en origen y habilita la fermentación de los mostos. Todo esto responde al pedido explícito de un grupo reducido de grandes corporaciones para transformar a la vitivinicultura argentina en una fábrica industrializada. Se pierde el origen, el terruño, la geografía y la trazabilidad, sacrificando a toda la industria y al productor primario por decisiones que se toman en despachos de Buenos Aires», lanzó.
El impacto en la estructura productiva: la licuación del Producto Bruto Geográfico
La falta de herramientas de regulación del mercado provoca el abandono masivo de viñedos y amenaza la principal fuente de valor agregado y empleo de la economía de Cuyo. «Lo que está sucediendo en el día a día es la desaparición de enormes cantidades de productores primarios y la pérdida del capital social de la vitivinicultura. En Mendoza y San Juan, el sector es el mayor aportante al Producto Bruto Geográfico, que es lo que realmente queda en la región en términos de salarios, impuestos y rentabilidad empresarial. Cuando la vitivinicultura cae, se desploma la economía de los municipios y la gente deja de pagar sus compromisos porque pierde su sustento. Se van extinguiendo empleos, escuelas rurales, oficios y empresas familiares en un proceso gravísimo de desintegración», alertó Villanueva en diálogo con FM Vos 94.5.
«Las empresas que impulsan estos cambios provienen en muchos casos del sector cervecero y buscan una materia prima barata y de precio estancado. Históricamente, la imposibilidad de fermentar el mosto nos servía para retirar volumen del mercado de vinos, equilibrar el stock y no tener que erradicar viñedos. Ahora buscan utilizar el mosto como un tapón para fermentarlo cada vez que el precio intente subir, complementándolo con la importación de caldos excedentes del exterior. El promedio de las fincas en la Argentina es de 10 a 15 hectáreas; un productor descapitalizado no puede reconvertirse de un día para otro a plantar pistachos porque no es sujeto de crédito. Si no hay una política regional firme, este año el mercado se va a llevar puestas miles de hectáreas, incluso en zonas prestigiosa como Valle de Uco», señaló.
Llamado a la acción política y la necesidad de un frente común
Ante el silencio de los canales institucionales tradicionales, la industria exige que los gobiernos provinciales, las cámaras sectoriales y los legisladores nacionales asuman la defensa del federalismo. «Hay una especie de resignación o muerte lenta en la industria. El politólogo Andrés Malamud señala que hay sociedades que explosionan y otras que implosionan; la vitivinicultura está implosionando, dando por hecha la desesperanza y bajando los brazos cuando en realidad existen herramientas para equilibrar los mercados. Retrayéndonos desde el regreso de la democracia hasta la fecha, jamás se hubiera permitido que desde Buenos Aires se intentara tocar la Ley 14.838 de Vinos sin que los gobernadores, la Legislatura provincial y los legisladores nacionales hicieran un escándalo federal en defensa de la producción local», manifestó el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina.
«Las cámaras empresariales deben dejar el discurso políticamente correcto y ocuparse de estos problemas estructurales antes de que sea demasiado tarde. Hoy hay productores vendiendo sus fincas a precios de remate para saldar deudas bancarias. El desarme del INV y la eventual disolución de ámbitos de articulación como la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) responden a una filosofía que destruye el marco de consensos. Es imprescindible convocar a una gran reunión entre el sector público y el privado para fijar una política local clara, porque no podemos delegar el destino de nuestra economía en lobbies porteños que no responden al bien común», sentenció al cierre de la comunicación.