El 28 de octubre de 2024 la Nación terminará de pagarle a Mendoza el resarcimiento por los perjuicios que le provocó el régimen de promoción industrial en los ’90.
Aquella compensación que reclamó judicialmente Arturo Lafalla, que en instancia extrajudicial logró Julio Cobos en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner; y que comenzó a instrumentarse con el pacto que firmaron Cornejo y Mauricio Macri en 2019, se cancelará este mes, con la transferencia de la última cuota.
Serán 350.479 dólares los que completarán 1.023.362.922 dólares que deberán utilizarse -porque así lo permite la adenda final acordada con el libertario Milei- para obras que “propendan al desarrollo de Mendoza”, según aseguran desde la Provincia.
El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de Natalio Mema es el que tiene a su cargo el estudio de los proyectos de diferentes tipos de obras. Desde Irrigación hasta las municipalidades levantaron la mano para ponerse lo más adelante posible en la fila. Una fila imaginaria que Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, maneja con sigilo.
La idea que anuncian los oficialistas es que esta semana se terminen de redondear las obras prioritarias que cumplen los requisitos: que el proyecto esté listo y no haya que empezar de cero, que aporte al desarrollo económico de la provincia y que incluya repago.
Tras ello, se hará un anuncio formal por el que el Gobernador dará a conocer la primera lista que contiene unas doce obras. Se espera, de hecho, que algunas licitaciones se abran incluso este mismo mes. Se dice que una de esas obras será el anillo energético de 132 Kw. que beneficiaría a San Rafael y Alvear. La obra cuesta 30 millones de dólares.
Lejos quedan los días de Portezuelo, de los reclamos populares e institucionales, de los picoteos políticos… Y la distancia aún es mayor entre los 1.023 millones y el sur provincial.