Los rectores de las universidades públicas –nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) anunciaron una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17.

En San Rafael también se plegarán a la propuesta nacional y se nuclearán a marcha así como ocurrió el pasado 23 de abril.

La convocatoria “Yo Marcho por la Educación Pública” se concretará el próximo miércoles concentrando a las 5 de la tarde en la Rotonda de la Bandera (frente a la ex estación del Ferrocarril) para luego marchar hacia el Kilómetro Cero.

Diferentes grupos ya anunciaron su participación como la APUNT (Asociación del Personal de la UTN), FADIUNC, el Sindicato de Docentes de la UNCuyo (SIDUNCU), la FAGDUT (Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación de Trabajadores No Docentes de la UNCUYO (ATUNCU) quienes lanzaron la convocatoria.

Además de los gremios se espera una importante participación de los estudiantes y la comunidad en general.

Hay que recordar que el pasado 23 de abril salieron a las calles unos 2000 sanrafaelinos en defensa de la educación pública y en contra de los “recortes” presupuestarios que impulsa la administración de Javier Milei.

EL RECLAMO

Según explican los organizadores de la cruzada nacional, el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aun mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios.

“Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país”, indicó el titular del CIN y rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo.

Todo esto se da en medio de que el presidente Javier Milei anunciase que “vetará” la nueva ley de financiamiento universitario planteada por el Congreso. Además, desde el gobierno empezaron a plantear la posibilidad de comenzar con un programa de “provincialización” de universidades e -incluso- el arancelamiento de las mismas.

El pedido de las universidades es simple “garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”.